La noche del pasado 28 de abril, Karen Nataly Guzmán Eva fue sacada a la fuerza de su domicilio particular en Xalapa. Diez días después, su cadáver fue encontrado debajo de un yerberío con el que su asesino pretendió ocultarlo, en una colonia de la capital de Veracruz.
Ella se convirtió en la décima mujer asesinada en Xalapa entre 2017 y 2018. El suyo, un claro caso de feminicidio. De esos de los que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, no quiere hablar porque, desde su perspectiva, llamarles así es un asunto “político”.
Pero no. Los feminicidios están definidos como los asesinatos de mujeres por su condición de género. Cuando las matan por el hecho de ser mujeres. En el caso específico de Karen Nataly Guzmán, y de acuerdo con la propia versión oficial de la Fiscalía General del Estado, su asesino era un “amigo” que estaba obsesionado con ella, que incluso tiene tatuadas en el cuerpo las iniciales “KNGA”, y que tras plagiarla, la violó y la estranguló. ¿Dónde está lo político aquí?
La violencia ejercida en contra de las mujeres en Veracruz es un fenómeno que, como muchos otros, no ha sido atendido diligentemente por el gobierno estatal. Ni por el anterior, que era una desgracia de indolencia y corrupción, ni por el actual. Entre los dos, llevan dos alertas de género emitidas por la Secretaría de Gobernación, y varios organismos civiles están demandando una tercera ante el incumplimiento de la administración estatal a las recomendaciones que se le hicieron.
El desdén hacia este tema de derechos humanos fundamentales es evidente, como queda claro con las solas declaraciones del gobernador Yunes Linares. Pero sobre todo, con la actuación de las instancias que deberían dar una respuesta institucional al fenómeno de la violencia contra las mujeres.
Para muestra, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, está acéfala, y su tarea la tienen que desarrollar en otras instancias, con otras atribuciones y deberes, como la Fiscalía para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas o la de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos.
Pero para personeros del régimen gobernante como el diputado local panista y candidato a la reelección, Sergio Hernández Hernández, eso no tiene importancia, pues según él, el peor enemigo de una mujer es otra mujer.
Miente. El peor enemigo de una mujer es la indolencia para hacer frente a la violencia y la impunidad, lo cual también es una forma de corrupción.
El candidato de la delincuencia organizada
Ya fuera por creerse chistoso o porque lo diga en serio, la última barbaridad del empresario cordobés José Abella merecería llamar la atención de la PGR para abrirle una investigación.
Resulta que el candidato del Partido Verde a la diputación federal por Córdoba publicó en su cuenta de Facebook un mensaje oprobioso, que bien podría constituir un delito: “a todo el público en general y también a la delincuencia organizada, se les ordena, que voten por mí. Vota por el Verde, vota pro elYoMerolas (sic)”.
Hace unas cuantas semanas, por la misma vía, el también dueño del periódico El Buen Tono había llamado a caminar con él “a esas mujeres que su esposo está a punto de dejarlas por gordas y fodongas, que no son capaces de bajar un kilo ni yendo a bailar a Chalma”, lo que le valió severas críticas por su evidente misoginia y falta de respeto.
Pero lo de llamar a votar por él a la delincuencia organizada ha superado cualquier límite y debería ser motivo para que el INE, por lo menos, le cancelara el registro. Y para que la PGR inicie una investigación en su contra.
La irresponsabilidad y la apología del delito en redes sociales deben tener consecuencias siempre. Incluyendo a papanatas que se creen intocables.
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