EDITORIAL DR. CARLOS BRAVO M. 12-4-18
“LA MARCHA POR LA JUSTICIA”
El pasado domingo se efectuaron marchas de médicos en 75 ciudades del país, desde Baja California hasta Quintana Roo, grandes contingentes de colegas portando la bata blanca en apoyo a la injusticia cometida por el fiscal general de Oaxaca y los jueces que libraron la orden de aprensión contra un médico traumatólogo pediatra quien atendió de urgencia a un niño con una fractura de brazo, teniéndolo que operar y que al final de la cirugía presentó una reacción alérgica grave a algún medicamento, misma que le causó la muerte, la cual no fue consecuencia de un error quirúrgico. El fiscal en una decisión equivoca lo catalogó como homicidio doloso, siendo que el dolo se refiere a una acción premeditada, con alevosía y voluntaria por parte del agresor, además de que dicha figura legal no existe en el código penal oaxaqueño desde hace 3 años.
Así mismo se culpó a la anestesióloga quien tuvo tiempo de ampararse y seguir su proceso en libertad, pero la aprensión del traumatólogo fue sorpresiva sin darle tiempo a defenderse por lo que está en prisión.
Sabemos que los médicos estamos expuestos a accidentes e incidentes que pueden presentarse en un paciente y que estos muchas veces escapan de las manos del médico pues es una reacción de cada organismo que no se pueden prever y que requiere muchas veces de manejo complejo pudiendo dejar secuelas o incluso la muerte a pesar de los esfuerzos que se hagan para sacar adelante al paciente.
Entendemos la pena y dolor de los padres y familiares del infortunado niño, pero esa reacción anafiláctica era prácticamente imposible de sospechar y menos predecir la respuesta al tratamiento.
Sabemos que muchos medicamentos e incluso substancias diversas pueden causar esas reacciones tan graves e incluso mortales sin dar tiempo a revertir sus efectos, así una simple aspirina, la penicilina, productos de aseo, mariscos y muchos más, pueden causar una reacción alérgica severa, a veces reversible y a veces fatal.
Los médicos tuvieron la mala fortuna de enfrentarse a un paciente que no respondió a sus esfuerzos por salvarle la vida y eso debiera ventilarse primeramente en la Comisión de Arbitraje Médico, tal vez en un juicio civil y exageradamente calificarlo como homicidio culposo que puede seguir el proceso sin pérdida de la libertad, pero el fiscal, ignorando todos esos pasos, catalogó el caso como si se tratara de un asesinato callejero con algún arma y con el deseo explícito de causar daño, como sucede con la delincuencia que azota nuestro país.
Todos los médicos del país estamos indignados por el mal proceder del fiscal y jueces y exigimos que se haga verdadera justicia en este desafortunado caso.