En el portal cronicaveracruz.com del puerto jarocho, se publicó el sábado que a través de un mensaje enviado por guasap, presuntos trabajadores y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza Civil iniciaron una “campaña contra la campaña” del candidato del PAN a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez.
Presuntamente participarían en ese veto cerca de diez mil elementos entre operativos y administrativos, “más esposas, padres, hermanos y demás familiares”, quienes argumentarían que de ganar el PAN, “la situación en el estado continuará siendo la misma, pues continuarán las mismas personas en el poder”.
Pero el motivo principal serían los “abusos” tanto del padre del candidato, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como del titular de la SSP, Jaime Téllez Marié, al que calificarían de “incompetente”.
Los presuntos promotores de la campaña se quejarían de que ambos funcionarios han metido a la cárcel a policías como “chivos expiatorios” con el propósito de ganar votos a favor de su candidato, “mientras los índices de inseguridad en el estado van a la alza”.
Asimismo, arremeterían contra el fiscal Jorge Winckler, de quien dirían que “solo sabe meter a la cárcel a puros policías, a los cuales los inculpan por delitos que no cometieron y les fabrican pruebas para que los grupos de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no les reprochen su incompetencia”.
Se quejarían de que están “solos”. “Nos tenemos que cuidar de los delincuentes y de los mandos como el subsecretario de Seguridad Pública Narciso Peña, mejor conocido como (capitán Peña) y del comandante Cordero”. Presuntamente tendrían temor a ser detenidos e inculpados “y terminar en una cárcel como los casi 40 elementos estatales los cuales están bajo proceso por falsas acusaciones o por haber cumplido una orden superior”.
La nota concluye: “Lamentaron que las cosas en la entidad no hayan cambiado ‘pensábamos que con Miguel Ángel Yunes nuestra situación iba a cambiar, que nuestro sueldo iba a aumentar porque fue una de sus tantas promesas de campaña, una de sus tantas promesas incumplidas’”.
La directora general del portal es Rosa María Hernández Espejo, una reconocida periodista del puerto de Veracruz, con una larga trayectoria profesional y además muy escuchada porque conduce uno de los noticiarios radiofónicos matutinos del puerto, a quien, porque la conozco y somos compañeros desde hace por lo menos treinta y cinco años, le doy crédito.
Creo que esa forma de manifestarse por parte de elementos de la SSP le ha salido barata al Gobierno del Estado, porque lo que había venido trascendiendo entre las filas policiacas era que no sólo había un gran descontento al interior de la corporación sino que también se venía fermentando una rebelión aunque sus promotores no se decidían si la estallaban antes o después de las elecciones.
Si el contenido del mensaje guasapero tiene sustento, entonces optaron por manifestarse antes de los comicios, en forma pacífica pero actuando donde más daño pueden causar: votando e invitando a votar en contra del candidato panista.
Quién sabe si las autoridades le darán crédito al guasap, pero si existe un capitán Peña y un comandante Cordero, solamente los policías y sus jefes lo saben, y entonces allá ellos si toman nota o no. Pero de que hay un gran descontento entre operativos y administrativos, se supone que el grupo de “inteligencia” interno lo sabe y debió reportarlo a sus superiores, a menos que también estén entre los inconformes y los promotores de la campaña del voto en contra.
La inconformidad podría crecer luego de los trágicos sucesos de la noche del sábado y la madrugada del domingo en el Centro de Reinsersión Social de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, que dejó un saldo oficial de siete muertos, seis de ellos policías, quince uniformados hospitalizados, y un número indeterminado de reos con lesiones graves y leves.
En el texto que leyó ayer el gobernador, quien sería una versión del comandante en jefe de los policías como lo es el Presidente respecto a los miembros del Ejército, se dijo que el motivo fue el traslado de cuatro reos “de muy alta peligrosidad” a un centro federal de alta seguridad, por parte de policías estatales y municipales de Orizaba, así como de otras corporaciones, y que “al ingresar al penal, seis de los elementos policiacos fueron agredidos y encerrados en un espacio sin salida”. Murieron intoxicados por el humo de fuego que prendieron los internos, de acuerdo a la versión oficial.
O sea, hubo veintún víctimas, entre fatales y lesionados, de los cuerpos de seguridad, un número excesivamente alto que no se justifica porque se supone que el operativo había sido planeado cuidadosamente, previendo los detalles de los riesgos que existían, que no se explica porque se supone que los policías iban armados, y que tampoco se entiende cómo es posible que al entrar los uniformados fueron agredidos y acorralados por los reos, pues se supone que estaban encerrados en sus celdas a esa hora.
¿Es que nadie, absolutamente nadie de los custodios y de los policías que se supone estaban de guardia pudo alertar a sus compañeros que no entraran o que lo hicieran estratégicamente porque atrás de la puerta ya los estaban esperando? ¿Cómo es posible que nadie los pudo auxiliar y rescatar o apagar el fuego cuando las imágenes que circularon mostraban un gran despliegue de policías y de camionetas de las corporaciones de seguridad?
Me atengo siempre a la versión oficial aunque las notas de diversos medios, que empezaron a dar cuenta de lo que estaba sucediendo, hablaban de un motin, de que había durado doce horas, de que los internos demandaban la destitución del director del centro penitenciario y de otros directivos, de que lo que había alertado eran las llamas que se veían desde fuera, y que sólo entonces empezaron a llegar las fuerzas del orden.
Quedémonos con la versión oficial, que tampoco precisó si finalmente los reos de “alta peligrosidad” fueron trasladados, pues sólo se asentó que los policías ingresaron al centro de reclusión “a cumplir con las instrucciones de trasladar a estos reos”. Lógicamente, los muertos y los lesionados no pudieron haberlo hecho.
Finalmente fue un operativo fatal y debe existir responsabilidad de quien lo ordenó y lo planeó mal. ¿Qué inexperto e incompetente jefe policiaco envió a sus elementos a la muerte? Si eso no se aclara debidamente allá adentro y si no se procede contra el culpable o los culpables, no dudo que la “campaña contra la campaña” tomará visos de cierta y además se avivará el descontento que podría desembocar en otro hecho de pronóstico reservado.
