Jesús J. Castañeda Nevárez – jjcastaneda55@gmail.com
Es una práctica que en el pasado reciente le dio grandes resultados al gobierno en el poder; no es claro el origen de la estrategia, porque en una lógica económica los resultados seguro que se dieron, pero en una lógica electoral las cosas sucedieron exactamente al revés.
Se sabe que fue un programa estatal y por las noticias nos enteramos de que su efecto nocivo golpeó a una precaria economía de las familias veracruzanas de las principales ciudades. Pero hablemos de lo que nos tocó vivir.
La experiencia de una ciudad (Xalapa) con una vialidad quebrada semejante a un plato roto, con calles angostas que dificultan la circulación vehicular y también la peatonal; con embotellamientos en distintas zonas y en diferentes momentos (“horas pico”), que coinciden con la entrada y salida de las escuelas y los centros de trabajo.
Los estacionamientos públicos normalmente saturados a pesar de que tienen una política de cobros que se asemeja a la que en el pasado tuvieran las compañías telefónicas (que cobraban por minuto o fracción), lo que no ha favorecido a la creación de una cultura vial vinculada a la necesidad de liberar calles, al permitir que todos busquen un lugar de estacionamiento público y paguen exactamente por los minutos que lo utilicen.
De manera que la ciudad queda atrapada en la “ley de la selva” y queda claro que descender al río a tomar agua puede costar muy caro. Los automovilistas se detienen “un minuto” y se la juegan al riesgo de resultar atrapados por los caza infracciones (agentes de tránsito) que en asociación con las empresas de servicio de grúa, realizan su trabajo por instinto y caen al cuello de su víctima (o a su cartera).
Todos los días un ejército de depredadores montados en grúas salen a visitar los sitios ya conocidos en donde irremediablemente los conductores de vehículos se estacionan, muchos de ellos obligados por la necesidad y no tanto por un desprecio al respeto de las leyes. Y entre la falta de lugares de estacionamiento público, el exceso de vehículos y las mañosas “restricciones” dispuestas por la autoridad vial, que “determina” arbitrariamente donde si y donde no está permitido el estacionamiento sobre la vía pública, la lotería nacional es más fácil que encontrar un sitio libre y aún así, el riesgo de ser víctimas es alto, porque ellos “determinan” que están mal estacionados y actúan, porque al final de cuentas son la “autoridad”.
En la zona de la SEV es uno de los sitios en donde más se ensañaron con gente que acude a realizar algún trámite proveniente de cualquier punto del Estado y que para muchos representa un esfuerzo económico considerable. El golpe es demoledor. Esos agravios a una sociedad ya muy lastimada generaron el repudio y deseo de venganza, la que consumaron el día de la elección. Por eso la gente acudió a las urnas con mucho coraje y usó el único medio posible para desquitarse, su voto.
Pero eso no es cosa del pasado, porque la práctica sigue vigente y representa un importante y jugoso negocio amparado en un disfraz de legalidad que permite la autorización para concesionar el servicio de grúas a particulares con un modus operandi de la alta escuela: 1.- ya tienen ubicados los sitios “carnada” donde aparentemente está permitido el estacionamiento, ya sea porque el señalamiento está al inicio de la cuadra o no muy visible, pero además, porque inexplicablemente la prohibición aplica para sólo unos metros (ejemplo: la acera contraria frente a la Plaza Museo); 2.- tienen sus “avisadores” equipados con un celular y cuando ya hay varios vehículos les hacen el envío de fotografías para que sepan cuantas unidades deberán acudir al “operativo”; 3.- cobran lo que quieren y, 4.- NO DAN COMPROBANTE FISCAL. (ojo: SAT)
Negocio redondo, fácil, altamente rentable y LIBRE DE IMPUESTOS, lo que exactamente enganchó la ambición del gobierno anterior y les llenó las bolsas pero les vació las urnas de votos a su favor.
Hoy el propietario de un vehículo que cayó en las manos de Tránsito & Asoc., pasará un mal momento por el susto de suponer que su auto fue robado, posteriormente tendrá que ir a tránsito para que se lo “localicen” y luego irá al corralón para que le permitan sacar la tarjeta de circulación y regresará a tránsito para hacer el pago correspondiente a la multa y finalmente volverá a ir al corralón para hacer el pago del arrastre. Esto sin contar con el trato poco amable que recibe en ambas partes, en las que le hacen sentir al ciudadano como un “infractor de la Ley” y parte del castigo ejemplar es el ser humillado en su ánimo, en su economía y en su tiempo. Todo esto es la mejor fórmula para matar votos a favor y convertirlos en contra. Es mi pienso.