“La única verdad es la realidad.” – Aristóteles.
Dice el refrán popular, “no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas, que parezcan buenas.”
Así mismo sucede en el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) que encabeza Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
Y es que el desempeño del responsable de fiscalizar los órganos de gobierno, así como a las administraciones municipales en la entidad, tiende del hilo de la duda, resultado de severos señalamientos de encubrimiento a cambio de jugosas dadivas.
Recientemente el ex contralor general del estado de Veracruz, Iván López Fernández, denunció penalmente a funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por considerar que buscan encubrir al auditor general de Veracruz, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
El asunto llevó al ex funcionario Duartista a presentar una querella ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra del director general de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “B” de la ASF, José Pilar Tristán Torres, quien emitió un documento con la intención de exonerar al titular del Orfis de Veracruz.
Una copia de la minuta de trabajo del 7 de marzo de 2014 en poder de este reportero confirma que Portilla Vázquez tuvo conocimiento desde entonces sobre las irregularidades en el uso de recursos públicos por 4 mil millones de pesos, incluso, firmó documentos oficiales en los cuales se compromete a dar seguimiento al reintegro del dinero.
El asunto es tan cierto, como que en cuanto se detectó que los recursos no fueron reintegrados, la ASF presentó una denuncia ante la PGR. Aun con ese antecedente, y sabedores de la denuncia, Tristán Torres emitió el oficio número DGARFT”B”/4068/2014, donde asegura que Portilla Vázquez “tuvo una participación de atención a los requerimientos, asimismo de la entrega de información para solventar las irregularidades”.
Según una nota del Diario El Universal, firmada por el reportero Edgar Ávila el pasado 2 de marzo, bajo el título de “Denuncia ex contralor de Veracruz a funcionarios de la ASF”, el corresponsal en la entidad, afirma que, “se asegura que el documento del servidor público aparece sin copia a sus superiores y no aclara si se emite por petición de algún interesado o si existió algún dictamen o investigación para determinar que el actual auditor solventó las observaciones.”
Bajo estos hechos, el mismo López Fernández denunció penalmente ante la PGR los hechos al considerar que el oficio tiene la intención de “encubrimiento a un servidor público”, lo que evidencia posibles intereses en materia de fiscalización y podría constituir en un delito.
De igual modo, columnas periodísticas dieron cuenta de la serie de irregularidades presentadas en el Orfis, prueba de ello, los trabajos de los periodistas, Edgar Hernández, en su columna Línea Caliente del pasado 4 de marzo, misma que puede ser consultada https://claudiaguerrero.mx/usted-la-palabra-senor-gobernadoredgar-hernandez/
En dicha columna Hernández Rodríguez apunta: “Ya el propio columnista Armando Ortiz y el diario El Universal de la ciudad de México, dan cuenta que Portilla Vázquez habría recibido 20 millones de pesos por quedarse callado.”
Asimismo, se le señala de haber conocido desde 2014 “las muchas irregularidades que se dieron durante el sexenio de Javier Duarte. Portilla firmó documentos en los que se comprometía ante la ASF a dar seguimiento íntegro de los fondos donde se había cometido desfalco, pero no lo hizo ¿Por qué?”.
A cuestionamiento habría que agregar ¿Por qué, una vez que Duarte está en la cárcel, entonces sí, denuncia raterías sin fin?
“Al correo del portal de Armando Ortiz, Libertad Bajo Palabra, llegaron documentos que nos pueden dar la respuesta. Al parecer Lorenzo Antonio Portilla recibió de parte de la SEFIPLAN 20 millones de pesos en cuatro ministraciones -2012, 2013 y 2014- para encubrir al gobierno de Javier Duarte…”
Ello, sin embargo, es solo la punta del iceberg.
Claro que lo es.
Pues según lo señalado en la pagina 1 de la minuta de trabajo del 7 marzo del 2014 firmada por el propio Lorenzo Portilla y así como los denunciados se cita en el punto dos, tres y cuatro lo siguiente:
“El ESTADO manifiesta su plena conformidad con los alcances de la determinación referida en el párrafo anterior; al efecto, asume la obligación de efectuar cada uno de los depósitos y aplicación de los recursos federales señalados, así como los rendimientos financieros que se determinen, para lo cual remitirá a la ASF durante los 10 días hábiles posteriores a la firma de la presente el calendario con las fechas en que efectuará los depósitos a las cuentas bancarias que tiene aperturadas para el manejo de los fondos.”
“El Estado asume la obligación de remitir copia certificada de los documentos que amparen el depósito de los recurso dentro de los cinco días hábiles contados al día siguiente de la fecha señalada en el calendario establecido en el párrafo anterior, asimismo, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la firma de la presente, el ESTADO deberá proporcionar el programa de aplicación de los recursos correspondientes a cada fondo o programa en los términos previstos por la ley en la materia, considerando para tal efecto la documentación que se señala en el anexo 1.”
“La ASF determina que con este acto, concluye el análisis a los reintegros con recursos de origen federal determinados de la fiscalización de los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, no obstante, la Contraloría General del Estado de Veracruz en ejercicio de sus funciones será la única instancia responsable de analizar las causas que motivaron que los reintegros señalados no fueron aplicados en su momento, a fin de determinar si existen responsabilidades legales o administrativas a cargo de los servidores públicos responsables de su administración, asimismo la EFSL (Contraloría General del Estado y personal de la ASF) coadyuvará con la ASF e la verificación de la aplicación definitiva de los recursos depositados, a los objetivos de cada uno de los fondos o programas según corresponda.”
De esta manera queda confirmado que el intento de deslinde por el no reintegro de los 4 mil 770 millones 211 mil 965 pesos con 90 centavos fue y es de su incumbencia, no pudiendo por ello, desligarlo del hecho mismo.
Parece que los entredichos y los actuares del auditor General lo seguirán poniendo en el ojo del huracán, pues ahora resulta que le falsificaron la firma en los recibos por un monto de 20 millones entregados a su persona., bajo amenaza de haber denunciado a quienes le firmaron los mismos.
Las verdades a medias en el Orfis, seguirán a la orden del día.
Al tiempo.
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