De entrada y sin lugar a dudas, el que finalmente se haya vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas al ex secretario de Seguridad Pública del estado de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, junto con otros dos ex altos mandos y 16 ex integrantes de la corporación, es un hecho destacable e incluso sin precedentes.
Se trata de una de las mayores demandas de justicia de la sociedad veracruzana en contra de sus anteriores gobernantes. Más grande y sentida aún que la del castigo por la corrupción y el saqueo de las finanzas públicas. Aquí estamos hablando de crímenes que segaron vidas humanas, particularmente de jóvenes, y que destruyeron familias y futuros. Con total premeditación. Con una inaudita saña.
Los testimonios de los hechos imputados a los ex policías inculpados y sus jefes, presentados durante la audiencia de vinculación a proceso de todos ellos, son escalofriantes, cercanos a lo monstruoso. De acuerdo con esos datos, los jóvenes detenidos por la policía estatal eran torturados para que admitieran ser integrantes del crimen organizado, y una vez obtenida la “confesión”, a partir de la cual se enviaba el parte a sus superiores, eran trasladados a la Academia de Policía de El Lencero, donde sin miramientos, se les desaparecía.
Según estas declaraciones, tras ser asesinados, los cuerpos de los detenidos eran enterrados clandestinamente en terrenos de la Academia de Policía -hoy llamada Centro de Estudios e Investigación en Seguridad- sobre los que después se erigieron edificios que hacen las veces de dantescas lápidas que, hasta ahora, cubrirían la evidencia criminal, psicópata, de un gobierno de terror.
Es pues innegable que había que llevar este tema hasta sus últimas consecuencias. A eso se comprometió en campaña el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien ahora se vanagloria de estar cumpliendo –al menos- con eso. Sin embargo, los mismos datos revelados durante la audiencia de vinculación a proceso de los imputados ponen en entredicho que el objetivo sea la búsqueda de verdadera de justicia.
La causa en contra de Arturo Bermúdez Zurita y los demás ex policías procesados se basa en las declaraciones de cuatro testigos protegidos, que fueron beneficiados con el no ejercicio de la acción penal en su contra a cambio de testificar y hundir a su ex jefe.
Ya antes habíamos señalado que el “timing” para detonar el proceso por desaparición forzada contra estos ex mandos y ex elementos de Seguridad Pública tenía un fuerte tufo de oportunismo político-electoral, con la intención de beneficiar la aspiración del hijo del gobernador para sucederlo en el cargo. Válido, aunque nada ético.
Pero el que adicionalmente se haya otorgado un injustificable perdón judicial a esos testigos protegidos, que habrían sido copartícipes de los mismos hechos bestiales por los que se juzga a sus ex compañeros, lo que deja en claro es una soez negociación de la justicia y de la ley.
Resulta que para condenar a un chacal como Bermúdez, se dejará en libertad a otros criminales de la misma calaña. ¿Quién puede jurar que una vez en la calle no volverán a delinquir, a cometer los mismos actos abominables a los que seguramente están acostumbrados y no les provocan conflicto de conciencia alguno? ¿Quién nos puede asegurar que después, por inconsistencias en la obtención de esos testimonios –la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas no contempla perdón alguno para los perpetradores de ese ilícito-, los demás asesinos no salgan también en libertad?
Una justicia obtenida a partir de la impunidad y de la torcedura de la ley, no puede considerarse como tal. Pero lo que urgía era explotar el tema antes de las elecciones.
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