La virulencia del enfrentamiento político entre el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el lopezobradorismo a través de sus diferentes representantes en Veracruz, alcanzó una cima demasiado peligrosa.
La controversia generada por las despensas con productos supuestamente caducos del gobierno estatal, entregadas al Ayuntamiento de Minatitlán que preside el alcalde morenista Nicolás Reyes Álvarez, fue más allá de la guerra de declaraciones y de las disputas mediáticas. En los hechos, se puso en riesgo a la población de esa ciudad. De varias maneras.
El presidente municipal asegura que el gobernador le exigió retractarse del hallazgo de leche caduca en dichas despensas. Al negarse el edil, el mandatario le habría dicho que le retiraría a los elementos de la policía estatal destacados en Minatitlán.
La irresponsabilidad que esto entrañaría es de proporciones gigantescas. Minatitlán es un municipio enclavado en una de las zonas más violentas de la entidad veracruzana, en donde desde hace años, mucho antes de la llegada de la presente administración estatal, el Ejército y la Marina realizan tareas de seguridad pública a la par de los elementos policiacos estatales, pues como en otras muchas regiones de Veracruz, las policías locales fueron desaparecidas desde 2011.
Tal parece que sólo se quedó en amenaza –misma que Yunes Linares niega haber proferido, aunque reconoce que sí “habló” de seguridad con el munícipe-. Pero el pleito continúa.
El gobierno estatal acusa al alcalde de mentir -como si en sí eso fuera un delito- y de “retener” los apoyos que le entregaron al Ayuntamiento para distribuirlos entre la población hace apenas cinco días, y por lo cual, amenaza con denunciarlo penalmente. La especialidad de la casa.
Y para realizar ese “trabajo”, el régimen tiene a la “autónoma” Fiscalía General del Estado, que no es sino un apéndice más del Ejecutivo para atacar judicialmente a sus adversarios y críticos, como ha quedado diáfanamente demostrado en más de una ocasión.
Sin embargo, no sólo en Minatitlán hay denuncias por leche de despensas del gobierno estatal en mal estado. En el municipio serrano de Zongolica, en el centro de la entidad, padres de familia denuncian que varios niños enfermaron de diarrea y presentan cuadros de vómito tras consumir los productos que se les entregaron a través del DIF municipal.
Una diputada del PRD, Dulce María García López, declaró que el DIF estatal entregó en aquella zona un lote de leche que estaba rezagado ¡desde la administración de Javier Duarte de Ochoa! Misma que concluyó hace poco más de 14 meses. Y aunque según ella se detectó “a tiempo” para evitar su consumo, no explicó por qué entonces hay niños enfermos en ese municipio, en el que de por sí hay altos índices de marginación.
Pero mientras la clase política gobernante, en todos los niveles, se “entretiene” y ocupa su energía en disputas enmarcadas en el proceso electoral en curso, quienes pagan los platos rotos de la irresponsabilidad y la incapacidad somos, como siempre, los ciudadanos.
Ya sea el gobernador o el presidente municipal el que miente en este caso, lo cierto es que se está jugando con la salud de la población más necesitada, que es la que accede a este tipo de apoyos que, en época electoral, son “oro molido”.
De igual manera, si desde el gobierno estatal se “castiga” a un alcalde respondón quitándole el apoyo de la policía estatal, contra quien se atenta es contra el resto de la gente que ahí vive.
Con eso “juegan a la guerra” nuestras autoridades. Con nuestra integridad. Somos sus rehenes. Y así quieren nuestro voto.
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