El estado disfuncional por el que atraviesa Veracruz donde las altas esferas del poder público de Los Pinos, de la Secretaría de Gobernación y del Congreso de la Unión se niegan a reconocer, contaminó la sombría paranoia a los trabajadores de los medios de comunicación. Andan con el Jesús en la boca. Los demonios están desatados.
Desde que llegó al poder público el gobierno aliancista del PAN-PRD hace un año, el titular del Poder Ejecutivo del estado no ha podido erradicar la narcoviolencia que generan las células del crimen organizado a lo largo y ancho del territorio veracruzano. Sus logros, son pírricos.
A pesar de los grandes despliegues publicitarios del gobierno local en las redes sociales en la lucha anticrimen, la realidad es un fiasco de los más crueles que se ha llevado la sociedad civil y ciudadanos de a pie. ¿Quién ha fallado? ¿La estrategia? ¿O los personeros de las áreas de la procuración y administración de justicia?
¿Hasta dónde el gobernador MAYL es culpable de que los índices de los delitos de alto impacto social se hayan ido a la cresta y pongan en riesgo los bienes y la integridad física de los sectores productivos del estado? El nunca hubiésemos vivido una era de narcoterror, de narcoviolencia, de narcobarbaros llegó a Veracruz para quedarse. Esto es una afrenta, una abominación.
La prensa juega un papel importante en la guerra de las fuerzas castrenses contra los grupos criminales del narcotráfico. En este frente de guerra, la prensa crítica e independiente no puede quedarse a la expectativa, a la pasividad y a la indiferencia. Contra todos los riesgos que motivan las actividades ilegales del crimen organizado, la prensa ha aportado en sus acuciosas investigaciones los laberintos y entramados de la delincuencia organizada.
El gobierno aliancista que presume de la honestidad acrisolada de los servidores públicos de las áreas de SSP, de la Dirección y Prevención Social, de la Fiscalía General –supuestamente autónoma- y de la Policía Ministerial, así como de su estrategia a toda prueba, ha sido dinamitada por el pandemónium provocado por los grupos criminales.
La lucha anticrimen, hay que reconocerlo, ha sido rebasada por las diferentes células de los cárteles que operan en la geografía veracruzana. El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se ha convertido en un arropado blasón jacobino, donde proyecta la idea de acabar con la clase política priista de una década para acá, en lugar de combatir la pandemia del crimen organizado.
En sus delirios jacobinos y megalomanía, Yunes el iluminado secuestró a modo los poderes Legislativo y Judicial para tener un control monárquico del aparato político estatal y el juego sucesorio gubernamental del 2018, donde para desafortuna de él y sus lacayos aliancistas del PAN-PRD pintan en el último lugar de las preferencias electorales.
Criticó y enjuició a sus antecesores por vulnerar la autonomía e independencia de los poderes Legislativo y Judicial, pero el góber aliancista ha sido y es burdo con su política jacobina porque no resistió la tentación para secundar con singular gatopardismo la tutoría de los demás poderes, a los que arrodilló sin recato alguno.
Dada su actitud poco civilista, la prensa en general ha tenido que soportar con valentía e hidalguía una campaña de desacreditación y criminalización con la supuesta injerencia y complicidad del crimen organizado.
Para el gobernador aliancista, los periodistas y medios de comunicación están coludidos con los transgresores de la ley. La prensa que lo ha criticado y lo criticó en el pasado por su comportamiento visceral, le han merecido severas anatemas y actitudes sórdidas.
En cambio, la prensa incondicional que siempre ha sido su vocera oficiosa y la que creó con su compadre Edel Álvarez Peña, hoy presidente el Tribunal Superior de Justicia, cuando sufrió la debacle priista de 1997 en su vano intento por suceder al gobernador Patricio Chirinos Calero, en el sur de Veracruz, recibe sus mesadas publicitarias puntuales y pagos al contado.
Quienes conocen al hoy titular del Poder Ejecutivo desde los tiempos del extinto Rafael Hernández Ochoa –un modesto subdirector de Patrimonio del estado, al lado de Francisco López Lara-, no les extrañó que su alfil, el fiscal general Jorge Winckler Ortiz, con inusitada rapidez y en menos de 24 horas, desentrañará el móvil del asesinato del periodista Gumaro Pérez Aguilando, acribillado el martes 19 a las 11:15 horas en el interior de una escuela primaria de Acayucan.
Lo paradójico del gobierno aliancista y la fiscalía general, es que con la velocidad de la tecnología descubrieron que el periodista asesinado ya no lo era, que tuvo un portal pero que tenía meses que lo había cerrado, que era un informante de un líder Zeta recluido en el penal de Acayucan y que era empleado del área de Comunicación Social del Ayuntamiento acayuquense.
Una velocidad extraordinaria nunca vista de la fiscalía general para esclarecer el crimen de Gumaro Pérez, que según ellos, no era periodista. La suspicacia, por supuesto, no podía faltar: ¿Por qué en los crímenes de los colegas Ricardo Monlui Cabrera, 19 de marzo; de Cándido Ríos Vásquez, el 22 de agosto; y del camarógrafo de origen hondureño Edwin Rivera Paz, no han sido esclarecidos con esa prontitud y eficiencia que tuvieron con Gumaro?
El periodismo veracruzano, el mensajero, el puente entre la sociedad civil y el Estado, no solo tiene que lidiar con los poderes fácticos del narco, sindical y formales, si no tiene que capotear el síndrome de Hybris del gobernador aliancista y el estado disfuncional de Veracruz.
¿Hasta cuándo Los Pinos, la secretaría de Gobernación y el Congreso de la Unión, le pondrán mayor énfasis a la entidad porque el estado tiene rato que hizo agua? ¿Y por qué la sociedad civil y ciudadanos de a pie tienen que pagar justos por pecadores? ¿Cuándo habrá un Comisionado Especial para Veracruz? ¿Hasta cuándo presidente EPN?
Los jacobinos aliancistas solo vinieron a empujar a Veracruz al abismo. ¡Y lo están logrando! ¡A qué costó!
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