El 8 de septiembre pasado inició formalmente el proceso electoral federal en que se elegirá Presidente de la República, se renovarán las dos Cámaras del Congreso de la Unión (de senadores y de diputados), además de que se realizarán 30 elecciones locales, en nueve de las cuales se elegirán gobernadores, Veracruz incluido.
A partir de entonces han empezado a suceder muchas cosas que tienen en ebullición ya a los políticos, que se enfrentan entre sí o bien con el Gobierno Federal, es decir, al PRI hoy en el poder presidencial.
No es nada nuevo lo que empieza a pasar pero son diferentes los actores que determinan las acciones que son las noticias del día, como no es nuevo que el Presidente en turno (los ha habido priistas y panistas) haga uso del poder que tiene para sacar adelante el proyecto de su partido y obstaculizar y derrotar a sus adversarios. Ya está ocurriendo.
Por ejemplo, no hay nada que lo pruebe, pero existe la percepción general de que fue de alguna oficina del Gobierno de donde salió toda la información que se publicó en El Universal para exhibir la excesiva riqueza del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, que si bien un juez ha dicho que no corresponde a la verdad, por lo menos ha sembrado la duda y ha dañado la imagen del llamado “joven maravilla”.
Otro objetivo central es Andrés Manuel López Obrador, quien se ha mantenido en la punta de las preferencias ciudadanas porque tiene años en campaña.
Una forma de frenar a AMLO
No hay manera de probarlo tampoco pero ahora el Gobierno Federal a través de la PGR le acaba de asestar un duro golpe al obtener de un juez federal una orden de captura en contra de María Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador nacional del Partido del Trabajo (PT), por el delito de lavado de dinero. El PT va en alianza con Morena para 2018.
No es que se esté cometiendo una arbitrariedad contra esta mujer, sino que se le toleró por mucho tiempo hasta que llegó el tiempo de desempolvar su caso y actuar contra ella como una forma –ese es mi análisis– de frenar a AMLO.
Se le señala de ser la autora intelectual de una red de lavado de dinero a través de la organización Tierra y Libertad vinculada al PT para blanquear 100 millones de pesos a través de Centros de Desarrollo Infantil (Cendis).
La investigación de la PGR determinó que la mujer recibió el dinero del Gobierno de Nuevo León para el financiamiento de los Cendis pero que lo depositó en un fondo de inversión y luego fue a dar a cuentas bancarias de personas allegadas suyas.
El golpe no quedó ahí. Ayer, Alonso Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, confirmó que ya se aseguraron cuentas bancarias ligadas a esa presunta red de lavado de dinero.
En un mensaje a medios, explicó que el aseguramiento de las cuentas “se hizo para evitar que ese dinero sea ocultado u ocupado para fines distintos a los que fue autorizado… O dilapidados, o que pudiera dársele otro fin distinto a la educación…” (¿cómo financiar la campaña de López Obrador?).
Usa su poder y sus recursos
Ahí está, pues, el Gobierno Federal haciendo uso del poder y de los recursos que tiene para frenar a los adversarios políticos. ¿Cuánta información más tiene para enfriar a sus opositores o a quienes pongan en riesgo sus intereses?
Es la política, ya es la guerra que tiene como campo de batalla el proceso electoral. Se trata de una lucha de vida o muerte… política y, por la experiencia que se tiene en nuestro sistema, el Presidente, o sea el Gobierno Federal, va a pasar por encima de quien tenga que pasar con tal de lograr su objetivo: conservar (o recuperar) el poder.
La denuncia contra el gobernador Yunes
No puedo dejar de recordar que en el caso de Veracruz, el 1 de agosto de 2016, el entonces gobernador Javier Duarte presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia contra el ahora gobernador Miguel Ángel Yunes Linares por el delito de enriquecimiento ilícito.
Cinco días después extendió la denuncia ante la PGR, agregándole el presunto delito de lavado de dinero. Dijo entonces que acompañaba su denuncia con pruebas y documentación para demostrar sus acusaciones.
Recupero ahora partes de lo que publiqué en “Prosa aprisa” del pasado 16 de junio: “Fue La Jornada Veracruz la que volvió al centro de la atención el tema de una denuncia por enriquecimiento ilícito en contra del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de su hijo el alcalde de Boca del Río Miguel Ángel Yunes Márquez.
El reportero Jair García recordó el miércoles que la acusación fue hecha por diputados locales del PRI de la pasada Legislatura, actuales diputados federales veracruzanos tricolores, el Movimiento de los 400 Pueblos y el propio gobernador entonces Javier Duarte.
El caso cobró actualidad porque en mayo pasado un juez federal ordenó a la Fiscalía entregar el expediente a la PGR, lo que apenas la semana pasada se cumplió, de acuerdo a la averiguación 1224/2015 del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Boca del Río.
¿Se trató de un mero trámite para acalambrar al gobernador con miras a lo que viene en 2018, ya sea para inhibirlo con su candidato a sucederlo y ayudar al PRI a retornar al poder, o bien para asegurar que se mantenga aliado al poder federal en su combate contra Andrés Manuel López Obrador?”
Lo que publicó Loret de Mola
Seguí diciendo en “Prosa aprisa”: “El miércoles 31 de mayo, en su columna que publica en El Universal, Carlos Loret de Mola trajo a colación el asunto. Con el encabezado: ‘La lista de 8’, recordó que el año pasado el SAT reveló que varios gobernadores y ex gobernadores estaban bajo investigación por fraudes fiscales. Preguntó: ‘¿Cuál es el estado de estos expedientes?’ Su propia respuesta fue: ‘Se desconoce’.
Dijo que primero corrió la historia de que eran cinco, pero que ‘según fuentes muy confiables’ en realidad se trataba de ocho ‘cuya (mala) fama trasciende el ámbito de sus estados y se ha vuelto materia de observación nacional’: Andrés Granier, de Tabasco; Javier Duarte, de Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Humberto Moreira, de Coahuila; Guillermo Padrés, de Sonora; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Ángel Aguirre, de Guerrero; y Miguel Ángel Yunes, de Veracruz.
El párrafo más extenso fue el que le dedicó al gobernante veracruzano.
‘Miguel Ángel Yunes es un caso singular. El gobierno federal lo empezó a investigar mientras competía por la gubernatura. Tras vencer en los comicios, el asunto del expediente contra Yunes ha subido y bajado de nivel un poco en función de los arreglos políticos y el tono del discurso del ya mandatario veracruzano. El gobernador ya anda en otras: se ha vuelto un aliado estratégico del gobierno federal en la pugna contra Andrés Manuel López Obrador y, sin ir más lejos, las dirigencias estatales de PAN y PRD en Veracruz lo destaparon ayer para la Presidencia en 2018’”.
Cabe la pregunta en la hora actual: ¿ha subido o bajado de nivel el expediente en su contra? Lógicamente, no se sabe, pero, que se sepa, la investigación sigue abierta, no se ha cerrado. ¿Lo tiene bajo reserva la PGR, el Gobierno Federal, para, si es necesario, cimbrar a Veracruz?
La negociación para encumbrar a Lillian
Comenté en “Prosa aprisa” del pasado 22 de septiembre:
“Lillian Zepahua, a la Secretaría General del CDE del PRI
El acuerdo ya se tomó. Será la joven (36 años) diputada federal por el distrito de Zongolica, Lillian Zepahua García, quien sustituya en la Secretaría General del Comité Directivo Estatal del PRI a la chapulina Regina Vázquez Saut quien no sólo renunció al cargo sino a las filas tricolores y se brincó al PAN. Lillian es licenciada en Administración de Empresas por el Tec de Monterrey y tiene una maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset”.
¿Por qué ella? Porque fue producto de una negociación política (en la fecha que cito se acababa de dar la negociación): como una forma de cerrar filas de cara al proceso electoral ya encima y para amarrar el apoyo resuelto de los diputados federales a quien resulte candidato a gobernador. Así, se le habría informado al coordinador Erick Lagos que se les daría la posición y se le pidió que consensuara con sus compañeros quién de sus compañeras podría ser. De ahí surgió el nombre (lógicamente, hubo uno que otra que no estuvo de acuerdo).
Con el nombramiento del miércoles al que ponen en aprietos es al padre de la agraciada (ups, utilizo un término de “sociales”), el poderoso dueño y líder transportista de la Sierra de Zongolica, Mario Zepahua García (le atribuyen 300 camiones de su propiedad que cubren las rutas de 18 municipios de las Altas Montañas), quien en el pasado proceso electoral habría apoyado a la candidata a diputada local del PAN-PRD Dulce María García López para evitar que ganara su enemigo político Tomás López Landero, postulado por el Partido Verde. El llamado “Rey de la chatarra” perdió.
Si apoya a su hija, la nueva Secretaria General del CDE, como se espera que lo haga, fortalecerá al PRI con el voto de la Sierra de Zongolica. Si alguien pierde en esa zona con el nombramiento es el PAN.