“Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo.” – Ulpiano.
Mientras toda la clase política opositora al actual régimen estatal, tunde con todo a la autoridad por los elevados índices de criminalidad en la entidad, en donde un día sí y otro después asesinan, matan o secuestran a alguien, nadie de esa clase que en su momento ostento el poder habla de una de las causas de que esta se esté presentando con tan severos saldos.
El nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial obligaba a las Fiscalías de los Estados a capacitar y preparar a todos sus policías, en el afán de poder enfrentar el reto que este nuevo modelo demanda.
Por el contrario, desde la llegada de Reynaldo Escobar a la Procuraduría, así como los subsecuentes responsables de esta importante función dejaron pasar el tiempo, desviando abiertamente el recurso destinado para ello, que se estima llego a los más de mil millones de pesos, tan solo en el sexenio del reo Javier Duarte.
Millones de pesos tirados a la basura, en una simulación que hoy provoca victimas mortales pues tan solo este fin de semana, se dio cuenta de cómo Policías Ministeriales agredieron y mataron a dos personas en una riña en Martínez de la Torre, donde hasta incluso, una maestra fue la responsable de accionar las armas de fuego bajo resguardo de este personal irresponsable.
Las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Francisco Ramírez Llaca, alarman por el nivel de personaje que lo emite, al afirmar que del total de elementos de seguridad que resguardan el Estado, sólo 40 por ciento está capacitado en materia legal; por lo que insistió en que es fundamental invertir en capacitación.
Lo que omite el jurista es que ese recurso existió, llegó y se desvió por parte de los titulares de la entonces Procuraduría General de Justicia hoy Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso por parte de los mismos ex gobernadores Herrera y Duarte de Ochoa.
Ahora la pregunta es ¿dónde quedaron Reynaldo Escobar, Amadeo Flores Espinosa, Luis Ángel Bravo Contreras?, ¿Dónde los millones de pesos destinados a la capacitación?, ¿Cuántos más fueron cómplices de este latrocinio? Porque en esto participaron los órganos internos de control, la Contraloría General, la Comisión de Vigilancia del Congreso que en sus momentos acompañaron todo este atraco, el ORFIS.
Acusaciones videograbadas como la detención injustificada de una doctora en Boca del Río, la detención ilegal de integrantes de la agrupación Lazos y Equidad A.C., ocurrida en Chiconquiaco, el asesinato de civiles en Martínez de la Torre de manos de ministeriales y de personas ajenas a FGE con acceso a las armas de cargo, son tan solo una muestra de los errores garrafales que habrá que recomponer y atender con prontitud, no sin olvidar que todo este desorden tiene responsables con nombres y apellidos.
Sextante.
Que ahora resulta que el alcalde de San Andes Tuxtla después de ser denunciado ante la FGE por el presidente municipal electo Octavio Pérez Garay por el peculado y aparte de dejar endeudado a ese municipio por más de 100 millones de pesos dice que él no robó no nada, pues fueron sus directores y sus hombres de confianza los que metieron la mano en el cajón. Ajá…
Vaya que Manuel Rosendo Pelayo ahora se quiere vender como el marido engañado cuando nadie le cree nada, mejor ¿que explique de dónde sacó tanto dinero para tener propiedades hasta en Cuernavaca? ¿O qué las empresas fantasmas que acusó Tavo Pérez son puro cuento?
Ballestina.
Vaya guerrita que se trae el líder Estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y le gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, uno reprochando conocer índices de criminalidad, el otro, recriminando la evasión de la responsabilidad de la seguridad pública por parte de los gobiernos municipales de morenistas a punto de ingresar. Es tal, la animadversión que ya se critican por feos, gordos o tragones, vaya nivel de la política veracruzana.
Al tiempo.
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