El conflicto por la separación de Cataluña, que ha acaparado la atención mundial en los últimos meses, parece haber llegado a su fase clave, con la inminente aplicación por parte del gobierno español, del artículo 155 constitucional, que contempla drásticas medidas al gobierno de Cataluña, por haber declarado su independencia de España de forma unilateral.
Dos fueron en concreto, las acciones que provocaron esta contundente decisión por parte de la Moncloa: El referéndum del 1º de octubre, en donde el gobierno de la Generalitat de forma unilateral (El gobierno español siempre se opuso) consultó a los catalanes si querían la separación de España, ignorando la opción del no, es decir, si querían seguir siendo parte del reino español. La segunda acción, fue la declaración de independencia pronunciada cinco días después del referéndum, por el Presidente de la Generalitat Carle Puigdemondt, quien de forma incomprensible, al final de su discurso independentista, sin el menor empacho, reviró, declarando que “siempre no”
Ante la confusa declaratoria, Mariano Rajoy demandó al gobierno de la Generalitat que aclarara lo sucedido, pero como no hubo respuesta, la decisión de Madrid fue aplicar la Constitución española, en este caso el art 155, que contempla la toma de control de tareas claves en lo económico, político y social; es decir, requisarle a la Generalitat toda acción estratégica que pudiera fortalecer la causa separatista orquestada por los nacionalistas catalanes de viejo cuño.
La aspiración catalana de separarse de España no es un tema nuevo. A lo largo de la historia y bajo distintas formas y coyunturas, se remonta a los días de la integración del reino español, siempre con pobres resultados y muy corta duración; evidencia de que el deseo de no ser parte de España no ha sido, como aseguran los nacionalistas, el sentir de las mayorías catalanas.
Un importante aspecto que cabe destacar en este conflicto es la salida masiva de importantes empresas trasnacionales y españolas asentadas en Barcelona, que no han querido correr riesgos ante la inestabilidad del acontecer político catalán. En una auténtica estampida, que ha dejado sin trabajo de un día para otro a miles de trabajadores, más de mil quinientas empresas, bancos, constructoras, editoriales, textiles, etc., han movido sus oficinas de la geografía catalana. Un hecho sin precedente, que ha obligado a cientos de miles de familias a reconsiderar su posición separatista si con ello pone en riesgo su fuente de ingresos. Para muchos, ha sido tarde porque han perdido su trabajo, lo que no ha ocurrido con los dirigentes de la Generalitat que cobran del erario público y no habían arriesgado, como la gran mayoría de los catalanes, su fuente de ingresos. Con la aplicación del 155 el piso estará parejo.
¿Qué sigue? Previsiblemente reacciones de inconformidad de la población catalana, sobre todo de los jóvenes, manipulados hábilmente por viejos nacionalistas radicales como Arthur Mas y otros instigadores de cuanto ha ocurrido, lo que generará a su vez una respuesta del gobierno español, lo que hace improbable que el conflicto tenga un pronto final, y sí en cambio serios perjuicios tanto para Cataluña como para España.
Se requiere un compás de reflexión, un respiro que permita a las partes colocar en la balanza cuanto se pierde y la gravedad de las secuelas; se requiere sobre todo, de nuevos negociadores, interesados en resolver el conflicto y no en exacerbarlo como hoy parece que ocurre. Se requiere oxigenarlo, antes de que sea demasiado tarde y eso compete a todas las partes.
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