La descomposición social que padecemos en Veracruz es alarmante. Pareciera que, tras el saqueo, la indignación por el magno y cínico despojo de gobiernos anteriores; la escalda en violencia, inseguridad y proliferación de toda forma de crímenes y delitos están enrareciendo riesgosamente el entorno social que dicho sea, también hierve por el desempleo, los despidos masivos, los precios que suben, los ingresos que bajan y por la falta de oportunidades para ganarse la vida, con dignidad y honestidad en Veracruz.
Ya vemos que aquí la vida, el talento, la integridad, el esfuerzo y menos la ley, los derechos, los deberes institucionales, no valen nada.
Cuando no es el patrón o la jefa que despide sin justificación; es el ratero que se lleva lo poco que se tiene o el agresor que lastima, golpea y asesina; cuando no es el sicario que revienta la carne con la ráfaga o la mutila y la embolsa, es la autoridad que se desentiende, no actúa, se lava las manos y todo lo archiva; cuando no es el juego de vencidas entre políticas, políticos, partidos, son las y los pseudo servidores públicos que no cumplen con su trabajo, se tapan unos a otros, se escudan en la falta de dinero, en la “austeridad” que presumen pero que no atinan a ocultar cuando se ventilan en redes e imágenes su despilfarro, sus privilegios, sus excesos.
Si la violencia se desborda en las calles, en los espacios públicos a toda hora, no es bronca de la falta de acción de las autoridades, no: “Son las bandas de narcos y criminales matándose entre ellos”; cuando se reclaman prevención, eficacia y resultados, se sigue justificando la incompetencia en los resabios del pasado y culpando a los rateros, a los huidos, a los encarcelados o a los intocables, que riéndose de las leyes, se jactan, con nuevos cargos públicos o con fuero, de su impunidad y de su fortuna mal habida. Se carcajean del gobierno, de jueces, de leyes y del pueblo pillado.
Y el resto, miles que afanosamente le siguen buscando donde trabajar, porque no hay dónde y los sueldos son raquíticos, además de la angustia para salir adelante entre tanta podredumbre e ineptitud, entre la codicia y las revanchas y encima ya con el proceso electoral, que es la prioridad para la clase gobernante, estamos en medio de los balazos, de las y los desaparecidos, de las asesinadas, de extorsiones, violaciones, secuestros y robos.
Cierto es que hace un año, cuando ganaron las elecciones, el escenario del desquite de unos contra otros, era evidente. Los que llegaban, traían la bandera del cambio y de la justicia; de cero impunidad y de rescate del estado.
Cierto es que los recién sentados al mando sabían que sus enemigos desde la distancia habrían dejado sembrada la venganza y que usarían a sus aliados criminales para desestabilizar a Veracruz y que en el análisis prospectivo era obvio que su mejor pieza para tambalear y desacreditar ante la ciudadanía, al gobierno del estado, sería la proliferación de la violencia desde todas sus aristas. Aquellos no pudieron detener la alternancia, la alimentaron con sus sórdidas acciones, pero éstos tampoco hasta el día de hoy han podido pararlos.
La guerra entre los grupos que se han disputado el poder en Veracruz durante décadas está en cada muerto, masacrada, desaparecido, ausente, en cada asalto, ataque, en cada persona violentada en sus derechos humanos, civiles, laborales y sociales.
Ahí está su pleito, el de ellos, de los Duartes y los Fideles, contra los Yunes y los otros Yunes y en medio, la sociedad vulnerada por todo ángulo, que lucha y sobrevive temerosa, desesperada, dolida, empobrecida, agraviada, cercenada en su tranquilidad, en sus aspiraciones por convivir en paz, en armonía y protegida bajo el imperio del Estado de Derecho y con plena garantía de acceso a oportunidades de superación individual y desarrollo colectivo; una sociedad que quiere simplemente volver a la dignidad.
Cada día basta con leer o escuchar las noticias. Puras malas. Cada vez más restos y cadáveres descubiertos; ejecutados, robos, embolsados, mutilados, levantados, esfumados, balaceados. No hay dinero para reactivar la economía regional; para levantar al turismo, para construir casas, para reparar a las víctimas, para apoyar a los productores, empresarios; no hay imaginación para generar fuentes de trabajo que permitan a miles de familias recuperar su serenidad cada quincena.
¿Dónde están las inversiones, la nueva infraestructura, la renovación de hospitales y escuelas?
En la mente sólo está usar el poder para la vendetta y para acapararlo todo.
Y si así se extingue el mal y si así se pretende servir, que caigan los viles, que se les de batalla en todo frente, pero se les está olvidando la sensibilidad política; las promesas a la sociedad civil; la dignificación y fortalecimiento de las instituciones, los equilibrios políticos necesarios para la buena gobernanza; el respeto a las leyes y la administración y procuración de justicia sin distingos y sin consentimientos.
No se acuerdan que la deuda con los derechos humanos heredada y que se acrecienta cada día, hay que saldarla y que esto, también es prioritario, es estratégico y es el contrapeso inteligente ante la ineficacia palpable en la operación política y en la planeación institucional.
A las y los veracruzanos, nos duelen nuestros empleos perdidos o mediocres; nos duelen las carencias, la incapacidad para resolver adeudos y compromisos; nos duelen las mujeres, las niñas, los niños violentados; nos duele el arrebato sangriento de lo poco que tenemos; nos lastiman la pena y la amargura de la pérdida, la muerte y la ausencia y nos enfurece que poco se haga, que se haga mal o que no se haga nada.
En la crónica cotidiana hay decepción y hay miedo; hay desesperanza y hay un sentimiento de indefensión; pero también se revela la sensación de que estamos igual o peor que antes y que los nuevos se parecen a los viejos; que son lo mismo; que proceden con las mañas y vicios que tanto criticaron y que juraron eliminar.
Pareciera que la oportunidad quedó vencida ante el extravío por el odio y por la ambición, ambos institucionalizados.
Hoy en Veracruz no sólo estamos más pobres y más amolados y nosotras las mujeres, más, sino que además estamos expuestos en nuestros derechos humanos. Algunas muestras de esta realidad:
Apenas unos días antes del terremoto del día 19, no nos reponíamos, nos dolíamos ya. Las calles de Xalapa y de otras ciudades en el país, se regaron de luto, de protesta, de repudio al saber que su cuerpo había sido hallado, envuelto en una sábana de hotel, con rastros de haber sido ultrajada. ¿Por qué?
Fue la indignación, la rabia y la impotencia que hemos sentido en Veracruz, aquí en Xalapa y que cundió por Nuevo León, Michoacán, Jalisco, Coahuila, Puebla, Oaxaca, en Coahuila; de la solidaridad espontánea que fluyó por racional y justa, con los alaridos colectivos por Mara Castilla y por todas las Maras que no sabemos, que no conocemos y que hoy están desaparecidas, en el mejor de los casos, vivas pero aterradas y sufriendo agravios y violencia y, en el peor, que están inertes, envueltas, cercenadas, ultrajados sus cuerpos en algún paraje desolado, en una casa abandonada, en algún tiradero, a ras de algún camino desierto, esperando ser encontradas. Esperando.
De lo que supimos que le pasó a Mara, nos enteramos puntualmente por los medios de comunicación y por las redes sociales. Como referencia, el mismo día que apareció el cuerpo de Mara, la prensa informó que otras 3 mujeres habían sido ejecutadas en Pánuco, en Las Choapas y en Ixtaczoquitlán.
Y así nos vamos enterando de lo que le ha sucedido a otras mujeres dentro y fuera, pero aquí en Veracruz de enero a agosto de este año, ya van 195 desaparecidas; 169 asesinatos de mujeres contabilizados por la reconocida investigadora de la UV, Estela Casados González. De estos crímenes, 118 se han reportado como Feminicidios y de éstos, la FGE sólo ha consignado 4 casos, en todo el año. Qué vergonzoso, porque ya desde el 23 de noviembre pasado, 11 municipios –entre ellos, la Capital- fueron declarados por la Conavim con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, además de los otros 27 municipios que la misma investigadora reporta como de incidencia riesgosa.
Así quedó tirada en shock, confundida y sorprendida, sangrando y golpeada, en plena avenida, nuestra compañera ex colaboradora en el Congreso; joven talentosa, sencilla, siempre con disposición para apoyar, para sumar manos en las tareas; mi amiga, la de muchas mujeres y la mejor de quien ella defendió de las garras y colmillos de un hombre embravecido por el alcohol y el odio contra las mujeres.
A Alejandra González Cano le pasó lo que, a ninguna, tampoco como a Mara, queremos que nos pase, ni queremos que le suceda a ninguna más. Ni una más violentada, molida a puñetazos y patadas; muerta, ignorada, soslayada su dignidad, disminuidos sus derechos humanos porque las autoridades, ciertamente (in) competentes, no actúan, no resuelven, no se aplican.
La rabia de un agresor la descargó primero, contra su pareja. Se negaba a “dejarla ir” a un taller a Puebla con Ale y ante su impotencia de macho cobarde, se le fue encima para pegarle, arrastrarla de los cabellos y arrodillarla. Fue entonces que Ale, llamando a la calma y a la forma civilizada para sortear desacuerdos de pareja, ante la sordera del despreciable, fue brutalmente pateada, por el super macho que se propuso aterrarlas, amenazarlas, para seguramente “restaurar” su miserable ego. Se trataba de dejar clara su supremacía. Todo se valía entonces. Patético criminal.
Y ante la escena, el taxista que se detuvo, se huyó; así los patrulleros que nada hicieron: “Llámele a su mamá…” y pegaron la fuga. ¿Y la ambulancia? Minimizó las lesiones que “vieron” superficiales. No la recogió porque no la consideraron “¿¿malherida??” La dejaron ahí botada, sola a su suerte en plena madrugada, indefensa. Nadie la ayudó.
Y una se pregunta ¿Qué hizo Mara para que un tipejo ideara en su carcomido cerebro, si acaso lo tiene, secuestrarla, forzarla, golpearla, violarla, estrangularla y matarla, para todavía tomarse el tiempo de envolverla y tirarla en una carretera, como despojo, como objeto desechable, así nada más porque se le ocurrió?
¿Qué hizo Alejandra para ser doblemente violentada en sus derechos, primero por el agresor que le pegó bestialmente y después, por las disque autoridades de protección, seguridad y auxilio que la ignoraron y la abandonaron efectivamente malherida y aturdida? ¿Por qué la autoridad se niega a reconocer que los delitos a perseguir y sancionar son violencia de género contra las mujeres y violencia institucional?
Entonces ¿Qué se está trabajando o avanzando para prevenir la violencia contra las mujeres; contra levantones, secuestros, muertes y feminicidios?
Nada o muy poco. No interesa a la autoridad. Por eso, el Instituto Veracruzano de las Mujeres sigue acéfalo; por eso basta indagar un tanto con las Jefas o Enlaces de Unidades de Género de las dependencias de gobierno y organismos autónomos y con las Directoras de Institutos Municipales de las Mujeres para darse cuenta que carecen de recursos, de espacios dignos, de personal, de herramientas indispensables para hacer su labor de concientización, sensibilización, capacitación para atender, prevenir, promover acciones en contra de la Violencia contra las Mujeres, contra la Discriminación y contra la violación de los derechos humanos. Menos a favor de su empoderamiento.
Si nos adentramos en la geografía del estado, escucharemos en corto que las y los alcaldes por decenas no apoyan a sus Directoras municipales -no nos pelan, afirman- para fortalecer la capacidad de los institutos. Son contados los casos en los que hay interés, hay voluntad y hay acciones efectivas, pero eso es cuestión de transversalidad, de articulación de esfuerzos y sobre todo, de recursos suficientes.
Y qué decir de lo que sigue. Ahí viene la segunda declaratoria de la Conavim. Se ha vencido el plazo para reformar el Código Penal del estado. Tendremos dentro de poco otra evidencia de que en Veracruz se violan por ley, los Derechos Humanos de las Mujeres. Viene la declaración de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado.
¿A qué se refiere esto? Explica la especialista Martha Mendoza Parissi que esta Alerta tiene como objetivo “eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impiden el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano” y que en el caso de Veracruz está evidenciado en tres: Primer agravio: Por la falta de acceso a servicios de salud e interrupción legal del embarazo; Segundo agravio: Por el delito de aborto previsto en el Código Penal para el Estado de Veracruz; Tercer Agravio: Por la criminalización de las mujeres a través de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal para el Estado de Veracruz, que el Congreso del Estado, por lo menos, debió haber revisado y debatido para reformarlos.
Pero no fue así. Sólo se presentó una Iniciativa del partido Morena, opositor al gobernante, que por eso y por la permanente intromisión de las cúpulas eclesiásticas en los asuntos de Estado, aunado a una campaña tendenciosa que manipuló conciencias, que empoderó la desinformación a la sociedad, que llegó a amenazas, peladeces e insultos personales de las sotanas, contra la Diputada Tanya Viveros que la presentó y contra los colectivos de mujeres, servidoras públicas y demás defensores de los Derechos de las Mujeres, fue desechada sin mayor discusión.
La ultra derecha y los púlpitos acusaron una supuesta “legalización del aborto…mujeres asesinas…atentado contra la vida…”, nada más tergiversado de la realidad, ya que las contrapartes liberales sólo han reclamado respeto a los derechos humanos, a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los que hay que reiterarlo, se garantizan, no se negocian.
Por esto, precisamente es que hace unos días, con voz firme, mirada precisa; con el temple sobrio con la tristeza de la indignación; la contundencia obligada y con el valor que se necesita para decirlo y reclamarlo letra por letra, hecho por hecho, así la escuchamos, de la Dra. Namiko Matzumoto, Presidenta de la CEDH en Veracruz, la histórica Recomendación General número 1 que exhibe las omisiones, la inexplicables tardanzas, la irracionalidad, la incompetencia, todo lo que implica violaciones a los derechos humanos por parte de la Fiscalía General de Estado, del Congreso del Estado y de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito en Veracruz, de frente al gravísimo flagelo de la Desaparición de personas, que según presunción del Fiscal del Estado, ya en marzo ascendían a 2 mil 600, aunque nadie sabe a ciencia cierta cuántos son y menos, dónde están.
Pero aquella mañana, ahí estaban las madres, los padres, hermanas, hermanos, familias rotas por el dolor de la ausencia y la desolación de la no verdad, de la negligencia institucional, de la nula sensibilidad política para atender y resarcir.
Y pese a que en enero de este año, la Diputada Cinthya Lobato presentó al pleno del Congreso, un exhorto para la constitución inmediata y urgente del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas del Delito como lo mandata la Ley federal y que recién ya se armonizó en el estado, a la fecha nadie sabe nadie supo dónde guardaron el exhorto en el Legislativo y dónde está el dinero en Finanzas, porque llanamente hasta hoy, no hay recursos para el Fondo ni para ninguno de los requerimientos que los familiares, las víctimas indirectas, necesitan para moverse a audiencias, para terapias y asesoría, para medicamentos, para traslados.
La falta de voluntad política y la miopía institucional ignora apoyarlos como se debe y deben. No hay dinero para ellas y ellos. La irresponsabilidad del Estado las, los revictimiza. Qué vergonzoso.
En este sentido y por si no han tenido tiempo de leer la Recomendación General 01/2017, les sintetizo las conclusiones de la CEDH:
“Se hallaron irregularidades en 81 de las investigaciones iniciadas por desaparición de personas y el cumplimiento deficiente del deber de reparar las violaciones a derechos humanos (…) del análisis de las actuaciones de la Fiscalía General del Estado se desprendió que “las investigaciones tenían un carácter documental y se obviaba el aspecto central de la búsqueda de una persona desaparecida, que es localizarla con vida a la brevedad”.
“Tomando en cuenta el momento de la publicación de la Ley 308” -de Víctimas para el Estado de Veracruz, en noviembre de 2014- y en la que se establece “que la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito, CEAIVD, debe proporcionar ayuda y reparación integral a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (…) el Fondo nunca ha contado con recursos porque el Poder Legislativo no ha previsto una partida para tal efecto en el Presupuesto de Egresos del Estado (…) En este sentido el hecho de que a la fecha permanezca sin recursos es una omisión imputable al Congreso”.
En el caso de la CEAIVD, si bien por ley debe “establecer y coordinar acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas (…) sólo en 29 de 81 casos otorgó el Registro Estatal de Víctimas” – portal por el que las víctimas acceden a mecanismos de protección y ayuda-lo anterior en el periodo comprendido entre octubre de 2016 y marzo de 2017.
En suma, la FGE, el Congreso del Estado y la CEAIVD, violan los derechos de la víctima y persona ofendida, revictimizando a las víctimas indirectas, al dejarlas en estado de indefensión.
Lo que la ciudadanía constata es que los Poderes del Estado, que desde sus respectivas atribuciones deben garantizar el respeto y ejercicio pleno de los Derechos Humanos; que deben velar por la integridad física y patrimonial de las y los ciudadanos; que deben salvaguardarnos de la violencia, la inseguridad, el crimen y demás flagelos; que deben hacer y cumplir las leyes; que deben resolver lo que mandatan, simplemente no están cumpliendo con su deber constitucional, el que dicta el Artículo 1°.
Las y los servidores públicos, las y los legisladores en Veracruz no están previniendo, atendiendo, promoviendo la No Violencia contra las Mujeres; el Derecho a la Verdad; el Derecho a la Reparación y Ayuda; no están asegurando la administración y procuración de justicia pronta y expedita; tampoco están corrigiendo, procediendo, sancionando en tiempo y en forma; menos erradicando las causas que llevan a la comisión de delitos y a la violación de los derechos humanos.
Si bien la Recomendación General se centra hasta octubre de 2016, hace un año, lo cierto es que el descontento, indignación y enojo de los colectivos de familiares de personas desaparecidas por las deficientes indagatorias, las dilaciones y contradicciones constantes; las formas y desplantes de la actual FGE, persisten y se han recrudecido al grado de que desconocen y reclaman la imposición del Gobernador por la designación de la nueva titular de la CEAIVD, Lorena del Carmen Mendoza Sánchez porque ya la conocen desde que fungió como Directora de atención a mujeres, grupos vulnerables y víctimas del delito en la CEDH, en donde como ya se ve, poco o nada hizo. Familiares de víctimas la acusan de haber archivado 300 casos “para tapar” delitos u omisiones de altos funcionarios del Duartismo, razón por la que abandonó el barco en febrero de 2016. Ya no digamos de los feminicidios y asesinatos de mujeres que esta nueva empoderada tampoco pudo contener, atender ni resolver.
Violencia contra las mujeres que, con todo y la Alerta de Violencia de Género ya declarada en 11 municipios, no resuelve, no previene, no erradica y que empeora el círculo vicioso, destructivo y mortal que nadie detiene y peor, que se alienta más con la omisión legislativa que desoye a la Conavim y que ignora el Artículo 1° Constitucional, al no reformar el Código Penal del estado. La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado que viene, señalará al Gobierno del Estado de Veracruz como un gobierno que violenta los derechos humanos de las mujeres.
¿Qué tan grave es esto?
Más allá del extrañamiento mundial, vía recomendación o condena de organismos internacionales hacia Veracruz y hacia México, las los ciudadanos en Veracruz estamos expuestos, inseguros, en estado de desamparo legal.
Aquí se violan nuestros derechos humanos a la vista, complacencia, indiferencia, incompetencia de las autoridades y de legisladores. Ya sea por omisión o por necedad institucionales para no hacer su trabajo, para no cumplir con los ordenamientos constitucionales o sólo por conservar intacta por razones políticas y electorales, por quedar bien con el clero entrometido en asuntos de Estado, una ley que los contraviene; porque no quieren gastar en reparaciones ni en acciones que no tienen intención de realizar, nuestros derechos, nuestra vida, nuestra tranquilidad, la verdad, el respeto, la dignidad no valen nada.
En Veracruz, vivimos tiempos oscuros. Son las horas negras; los días sombríos sin derechos, sin ley, sin garantías ni esperanzas. Seguimos igual; estamos peor.
