* Niega acceso a fosa clandestina * “No se avanza en identificación de restos”: Solecito * Pifia en el puerto * Los detenidos quedan libres * CAEV: ¿bajo qué términos se licitó la cobranza? * Futuro tesorero, ligado a Iván y Mariano * Asesinan a lideresa de la CTM * Cae zeta mayor en Puebla * Tres secuestradores detenidos * Lavadores, en la mira
MUSSIO CARDENAS ARELLANO
Publicada en mussiocardenas.com
29 de septiembre de 2017
Por acción y omisión, Winckler vulnera la ley. A unos los encarcela sin acreditar delito y a otros les niega el derecho a conocer la verdad, a visitar las fosas clandestinas, a documentar que el terror de la desaparición en Veracruz es lo que sigue de brutal.
Pifia mayor la del fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, cuando siete integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos del Estado de Veracruz son aprehendidos y se les imputa el nuevo delito, el delito insólito: acopio de despensas para los damnificados por los sismos.
Y hay soberbia y cerrazón ante la prensa que solicita ingresar al predio aledaño a Colinas de Santa Fe, junto a la zona portuaria de Veracruz, incluso prensa extranjera que sólo documenta el sitio en que yacen más de 250 cuerpos, miles de restos de los desaparecidos, a los que el fiscal los rechaza con un tajante “no”.
Transita el fiscal de la penumbra a la oscuridad, implicada su Fiscalía entre el atropello y el escándalo, la aprehensión sin exhibir orden de un juez, la flagrancia que no existió, la policía ministerial actuando como si la plenitud del pinche poder se hubiera instalado ya en los tiempos del yunismo azul.
Una nota periodística revela que hay acopio de despensas y se presume delito electoral. Y Winckler se va de bruces. Actúa su Fiscalía, la fiscalía de los veracruzanos, contra siete personajes, catea un domicilio, halla la “evidencia” y son detenidos.
Sirve la información para el operativo Winckler. Al hogar de la regidora del ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori Durazzo, se presenta personal de la Policía Ministerial. Ausente ella, los atiende su esposo, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz. Y le echan el guante.
Habría explicado que las despensas que se hallan en su domicilio y que son para la Cruz Roja, y que ésta las haga llegar a los damnificados por los sismos.
Luego se sabría que la Cruz Roja desconocía de la aportación. Osvaldo Ficachi Figueroa, presidente del patronato, respondió a la Fiscalía: “No recibimos alguna notificación de forma verbal o escrita de parte de algún representante del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A.C., sobre el traslado y entrega de paquetes comestibles para nuestro centro de acopia en ayuda a los damnificados en los desastres naturales acontecidos en últimas fechas”.
Pero Winckler opera mal. Sin orden de aprehensión se llevan a siete ingenieros, entre ellos Pinilla Rodríguez, esposo de la regidora Balmori. Y a Gerardo Zárate, padre de Sabrina Zárate, ex funcionaria del Órgano Público Local Electoral, cuyo marido opera en círculo cercano al ex alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, el delfín del duartismo, malogrado cuando un video evidenció la trama para manipular los programas sociales federales y estatales y obtener ventaja electoral.
Detonó el caso por la falta de orden de aprehensión, por el uso del aparato judicial, por la embestida a profesionistas ligados a priistas, por el desaseo y el abuso.
Sabrina Zárate, en una carta abierta y un video, arremetió:
“A todos mis amigos y conocidos.
“La mayoría de ustedes conocen a mi padre, un ingeniero jubilado de Pemex, que con su esfuerzo ha sacado adelante a su familia.
“Él pertenece al colegio de ingenieros eléctricos de Veracruz, es el secretario de la mesa directiva. Ante la contingencia, el grupo de ingenieros se organizó y recolectó víveres para entregarlos a la Cruz Roja de Veracruz.
“Las bolsas con víveres fueron armadas en el Frac. Las Palmas de Medellín de Bravo, en la casa del presidente de la asociación de ingenieros electricistas.
“Cada uno de los integrantes puso su camioneta para trasladar las despensas, que ellos con su dinero compraron y armaron.
“Cuando estaban a punto de salir a entregarlas un grupo de ‘ministeriales’ se llevaron al presidente del colegiado, así como las camionetas y a mi papá sin una orden judicial. Sólo con pistola en mano”.
“Este es un caso de persecución política muy, muy clara porque la verdad el colegio de ingenieros de Veracruz lo único que ha hecho son las dictaminaciones de uso de suelo, ir a las escuelas que no haya grietas así como ver que todo se encuentre en buen estado y se han organizado para ver cómo iban a donar a la Cruz Roja”.
Sabrina Zárate habla de su padre, no de ella, de sus días en que presidía el OPLE de Boca del Río, lanzando denuestos en la redes sociales, cuestionando al yunismo azul y evidenciando que lo suyo no es la imparcialidad.
Ahí hay heridas que nunca cerrarán.
Un amparo bastó para que el fiscal Winckler cediera. Renuente a dejarlos ir, finalmente acató la orden del juez federal.
Y el tema lo reventó.
Winckler acumula caos. Lo cuestionan los colectivos que no cesan en su batalla por hallar a sus muertos, o a sus vivos, a los familiares de los que un día, en un segundo, se perdieron en el tiempo.
Una vez más, alza la voz Lucy Díaz Henao. Habla por Solecito Veracruz, la organización que impulsa la búsqueda de desaparecidos, que remueve tierra y lodo hasta hallar la verdad que el gobierno duartista pretendió ocultar y en el que el fiscal yunista se niega a avanzar.
Acusa omisiones que pudieran rayar en lo insano, la malversación o el desvío de recursos.
De los 20 millones de pesos destinados a las labores de Servicios Periciales en Veracruz, no hay evidencia que se hayan ejercido. Son los 20 millones de pesos que se habrían empleado para identificar los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas, los recursos para lograr la certeza de quiénes son.
Con 20 millones avanzaría la identificación a partir de las muestras de ADN. Teóricamente así es.
Pero en los hechos el fiscal Winckler queda a deber.
“Le pedimos a la comisión de la verdad que nos averigüe para qué se usaron o que se hizo con estos 20 millones de pesos”, afirmó Lucia de los Ángeles Díaz.
“Con la Fiscalía pues todo sigue igual, El fiscal sigue siendo una persona inadaptada de la función para la que fue puesto ahí. Nosotros seguimos luchando en Colinas de Santa Fe, y ahorita vamos a iniciar esta búsqueda a gran escala que son trincheras de unos 40, 50 metros de largo y unos 3, 4 de ancho para hacer una búsqueda más rápida, a más escala, porque sabemos el predio son 6 hectáreas y necesitamos tener la confianza de que ya no estamos dejando restos, gente ahí en la clandestinidad”.
Y de las trabas a la prensa, dice:
“Ahora ya no deja que entre la prensa al predio de Colinas de Santa Fe. Es represión porque yo le hablo a la prensa, incluso vinieron periodistas extranjeros, que hicieron el viaje a México, exclusivamente a ver las fosas de Colinas de Santa Fe y el señor se dio el gran gusto de no permitirles la entrada. Piensa que con eso que a mí eso me afecta”, remató.
En mensajes de WhatsApp, Winckler envía textos tajantes:
“Denegado”, dice a la petición. Una y otra vez, Winckler cierra el paso a la prensa.
“Denegado”, reitera a las solicitudes de los periodistas que solo pretenden documentar que las desapariciones forzadas ahí están.
Así procura injusticia el fiscal.
Archivo muerto
Azúa, Santiesteban, Consultores es la firma que realiza la cobranza en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento —CAEV Coatzacoalcos—. Asentada en Puebla, se dedica a eficientar la recaudación y presume de una cartera de clientes que incluye al ayuntamiento de capital poblana, el sistema de agua de Acapulco, donde incrementó los ingresos en un 25 por ciento, y Agua de México, de la que menciona en su sitio en internet que entre “2012 y 2013 se realizaron más de 5,000 cortes en la vía pública, se efectuaron más de 20,000 requerimientos, 4,800 restricciones y 1,900 suspensiones con un monto total recaudado de $281,000,000 (281 millones de pesos) en un periodo de 12 meses”. Azúa, Santiesteban, Consultores —nada que ver con Abreu y Urzúa, mandamases aún de CMAS— se lleva un jugoso 35 por ciento de comisión por apretar a los morosos. No se sabe cuándo ocurrió la licitación pública que permitió asignar el servicio de cobranza. No se sabe cuántas empresas participaron. No se sabe por qué la cobranza la tiene que realizar una empresa privada cuando que a CAEV Coatza si algo le sobra es personal. Azúa cobra su porcentaje y derrama sus ganancias en Puebla, no en Coatzacoalcos. Si la cobranza la realizara una empresa local, el dinero se quedaría en Veracruz. O que la realicen los empleados del sistema del agua por el salario que perciben y ese 35 por ciento no mermaría los ingresos de CMAS… ¿Quién es ese personaje, no político, que se enfila a ser el próximo tesorero municipal, allegado al ivanismo, prestanombre en negocios de origen turbio, entre millones desviados del erario público, obtenidos en un período de artera corrupción? Una pista: no habla alemán pero es alemán… A Raquel Rodríguez la alcanzó la estadística. Un ataque armado le segó la vida, asestado por dos sicarios que llegaron hasta sus oficinas del sindicato Astrac-CTM en Villa Cuichapa, municipio de Moloacán. Tenía meses al frente de la organización y no se sabe que acumulara enemigos que la acecharan. Cae la dirigente cetemista como ya es una constante en el sur de Veracruz, como los de Las Choapas, los de Agua Dulce, los de Villa Allende, ultimados por la mano de grupos rivales o por la acción del crimen organizado… Muere “El Chaparro”, o Pablo Arsenio Cruz Martínez, líder regional de los Zetas que operaba entre Puebla y Orizaba, con una zona de influencia en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Tlaxcala. Fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas elementos de la Secretaría de Marina y hasta ahí llegó. Era jefe de Saúl o Roberto de los Santos, alias “El Bukanas”, líder huachicolero… Otros tres, presuntos secuestradores, fueron arrestados por miembros del Ejército mexicano en Coatzacoalcos. Por horas tomaron fotografías a viviendas y un consultorio médico en la esquina de Nicolás Bravo y Vicente Guerrero, frente a la primaria Benito Juárez. Eso alertó a los vecinos. Una llamada anónima movilizó a los militares y los sometió. Minutos después, fue asegurada una vivienda, supuestamente una casa de seguridad de los malosos, a unos metros de donde se logró la detención. Oficialmente nada se informó. La evidencia consta en fotografías y versiones de vecinos… Sus simples apellidos están en la mira. Y sus empresas prenden focos en el SAT. Son los Ortiz, los Rodríguez, los Chagra, los Hernández, los Zavaleta, que al facturar, al realizar la más mínima operación contable, activa protocolos que evidencien que aquello es lavado de dinero para el H, Hernán Martínez Zavaleta, líder zeta hoy preso en el penal de Villa Aldama, acusado de delincuencia organizada y secuestro. Así que los Ortiz, los Rodríguez, los Chagra, los otros Rodríguez, los Hernández, se tendrán que cuidar…
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