El desencanto con el actual gobierno panista porque no resultó lo que los veracruzanos esperaban se convirtió ayer en motivo de gran preocupación por el grave atropello que cometió la Fiscalía General del Estado al detener en forma arbitraria y con total abuso de autoridad a siete ingenieros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín por la sola presunción de un presunto ilícito con tufo de persecución política contra una funcionaria municipal del puerto jarocho.
Lo ocurrido es acaso el atentado más grave contra reconocidos ciudadanos ocurrido hasta ahora, que descalifica ante propios y extraños a la administración yunista por una decisión ilegal de quien tiene la obligación de contribuir a la seguridad de los veracruzanos, el fiscal Jorge Winckler Ortiz, quien le ha asestado el más duro golpe al gobierno al que sirve al dejar la impresión de que se ha convertido en un régimen persecutorio.
Sólo la decisión de un juez, que actuó con independencia, logró que las víctimas recobraran ayer su libertad y evitó que continuara el atropello, que levantó una ola de protestas y que amenazaba con extenderse dada la reconocida calidad ciudadana de los ingenieros.
Presume delito y hace detenciones arbitrarias
El martes, la Fiscalía General del Estado mediante un boletín de prensa informó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales había abierto una carpeta de investigación por la probable comisión de un delito en materia electoral.
El “ilícito” consistió en unas fotografías que se publicaron en las que se observaba la presunta descarga de despensas de un camión de volteo en la vivienda de la Directora de Servicios Públicos Municipales del puerto de Veracruz, Fabiola Balmori Durazzo, en el municipio de Medellín, ante lo que la Fiscalía presumió que estaba “acumulando y resguardando en su domicilio particular bolsas y paquetes que pudieran ser despensas”, como si eso fuera un delito.
Por ello, sin ninguna órden de un juez calificado, policías ministeriales se presentaron en el domicilio de la funcionaria municipal donde les dio la cara su esposo el ingeniero Juan Antonio Pinilla Rodríguez, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, quien les confirmó que sí eran despensas y que iban a ser llevadas a la Cruz Roja para entregárselas a los afectados por los sismos.
Por lo que se publicó en los medios, les explicó que miembros del Colegio de Ingenieros habían quedado de reunirse en su casa donde tenían las despensas porque en su local no cabían, así como para evitar que se las robaran. En respuesta fue detenido junto con otros seis compañeros suyos pese a que no se les probaba ningún delito ni había una orden de aprehensión girada por un juez.
Acusan persecución política
Otro detenido fue el ingeniero Gerardo Zárate, cuya hija, Sabrina Zárate Sáenz, en una carta y en un video que difundió a través de las redes sociales, expuso la noche del mismo martes: “A todos mis amigos y conocidos.
La mayoría de ustedes conocen a mi padre, un ingeniero jubilado de Pemex, que con su esfuerzo ha sacado adelante a su familia.
Él pertenece al colegio de ingenieros eléctricos de Veracruz, es el secretario de la mesa directiva. Ante la contingencia, el grupo de ingenieros se organizó y recolectó víveres para entregarlos a la Cruz Roja de Veracruz.
Las bolsas con víveres fueron armadas en el Frac. Las Palmas de Medellín de Bravo, en la casa del presidente de la asociación de ingenieros electricistas.
Cada uno de los integrantes puso su camioneta para trasladar las despensas, que ellos con su dinero compraron y armaron.
Cuando estaban a punto de salir a entregarlas un grupo de ‘ministeriales’ se llevaron al presidente del colegiado, así como las camionetas y a mi papá sin una orden judicial. Sólo con pistola en mano”.
Acusó: “Este es un caso de persecución política muy, muy clara porque la verdad el colegio de ingenieros de Veracuz lo único que ha hecho son las dictaminaciones de uso de suelo, ir a las escuelas que no haya grietas así como ver que todo se encuentre en buen estado y se han organizado para ver cómo iban a donar a la Cruz Roja”.
Se alzan voces de protesta
En la madrugada de ayer miércoles, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y Ramas Afines del Estado emitió un documento firmado por el doctor Felipe Rodríguez Valdés, tesorero y miembro del Consejo de Honor y Justicia del organismo, quien expuso: “Es inaudito lo que sucede en Veracruz, en donde los cuerpos policiacos y de justicia andan deteniendo la ayuda a los damnificados y no a los delincuentes que día a día atentan en contra de la seguridad de los veracruzanos”. Dijo que la detención era “a todas luces ilegal”.
Aseguró que los apoyos eran de los socios del Colegio: “… que recaudamos de la ciudadanía y de aportaciones de cámaras empresariales y de empresarios que se han solidarizado con las personas afectadas por los desastres naturales”.
Por supuesto, expresó la molestia de todos los socios por la arbitrariedad de la Fiscalía: “no puede ser que manden un operativo de 40 policías para detener a gente profesionista, a ingenieros que lo único que quieren es ayudar, cuando lo que debe de hacer el gobierno es andar detrás de los delincuentes, de los asaltantes, para disminuir la violencia que vivimos”.
A la protesta se sumó también la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de la República Mexicana, A. C., mediante un documento fechado en Tijuana, Baja California, firmado por su presidenta María Elena Simental Parra y el secretario Roberto Ruelas Gómez.
Éstos confirmaron que sus compañeros trasladaban víveres para los damnificados, que serían entregados a la Cruz Roja, y dijeron que los colegios son apartidistas y sin fines de lucro, “y los ingenieros… fueron detenidos como si fueran delincuentes”. Pidieron al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que interviniera para que fueran liberados, “ya que son profesionistas con una respetable trayectoria…”.
Pero también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del puerto, José Manuel Urreta Ortega, salió en defensa del ingeniero Pinilla Rodríguez.
“El estado de Veracruz vive momentos muy complicados, lo seguimos viviendo como para que nos pongamos a tratar de darle tintes políticos al tema, eso no lo debemos hacer. Estoy convencido de que Juan Antonio Pinilla es un buen hombre, es un hombre íntegro y todos los colegiados que detuvieron junto con él. También están tratando de hacer algo por México, aportar algo por México y es muy lamentable lo que sucedió”.
Recordó que el CCE se sumó al acopio de víveres y herramientas de rescate para apoyar a los damnificados por los sismos.
En cambio, no actuó contra panistas confesos
Grave lo ocurrido. La policía ministerial, en lugar de estar combatiendo a la delincuencia que ahoga en un baño de sangre toda la geografía estatal, se dedica a detener y encarcelar a ciudadanos que no han cometido ningún delito, sólo por la presunción del fiscal Jorge Winckler Ortiz,de que estarían cometiendo un delito electoral ¡cuando no hay campañas, ni candidatos!, sino desgracias de miles a causa de dos terribles sismos que sacudieron al país en el mes que termina.
El atropello pudo haber sido con toda intención para atemorizar a los actores políticos que participarán en el proceso electoral de 2018.
En cambio, nada hizo ante la confesión de funcionarios panistas de Coatzacoalcos de que eran los autores del reparto de despensas con propaganda yunista, lo que se corroboró con fotografías y videos, por lo que, qué duda cabe, ha partidizado ya la procuración de justicia en Veracruz.
Decepcionante
Lo tomo y lo transcribo directamente del diario Notiver, del puerto de Veracruz (referencia para los lectores del resto del Estado). En la página 2 de la edición de ayer miércoles publicó el siguiente texto, que ilustró con la fotografía de la denunciante:
“Hablando de las redes sociales, tremenda carta que desplegó una maestra de nombre Rita Isabel Garza Reyes, de Poza Rica, al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares: ‘ya dejamos de creer en usted y perdimos toda la confianza en su gobierno. Y cuando la fe y la esperanza se pierden, no queda nada’… Expone su caso, con 33 años de docente y actualmente supervisora escolar, revela estar enferma de cáncer y que por sus quimioterapias se ha tenido que ausentar por periodos, actualmente es supervisora escolar en el municipio de Tantoyuca, por lo que en abril le informó directamente al Secretario de Educación de sus terapias: ‘y oh sorpresa de inmediato suspendieron mis pagos. Señor gobernador estoy enferma, tengo cáncer y su gobierno en actitud inhumana, criminal e ilegal suspendió mis pagos como supervisora de la SEV. No pido caridad institucional ni ninguna otra limosna. Exijo a usted se conduzca de acuerdo a derecho, al que está obligado y ordene inmediatamente al licenciado Enrique Pérez libere mi salario, yo mientras tanto seguiré trabajando a favor de la niñez, esos niños son, necesariamente los que nos han de relevar a usted, y naturalmente a mi… taca”.
Decepcionante, sin duda alguna. Ese no era el cambio que esperaban los veracruzanos. Qué más se puede decir. El texto habla por sí solo.