En medio de la tragedia tras el sismo que este 19 de septiembre volvió a enlutar a los mexicanos, comenzó a moverse fuertemente en las redes sociales lo que se ha convertido en una especie de clamor popular: que el dinero que se asignará a los partidos para las campañas políticas del año entrante se redireccione a las tareas de reconstrucción y a los damnificados.
La petición suena justa: el Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto de seis mil 778 millones de pesos para que los partidos gasten durante el proceso electoral federal de 2018. A eso, hay que sumar lo que recibirán en las 32 entidades del país, lo que incrementa la cifra a 11 mil 904 millones de pesos. Un derroche descomunal e insultante en sí mismo para un país sumido en la pobreza y la marginación. Ya no digamos tras el desastre ocasionado por los fenómenos naturales, meteorológicos y geológicos.
El antecedente de esta petición, que se ha vuelto viral en redes, fue el anuncio del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que su partido “done” el 20 por ciento de sus prerrogativas de campaña para los damnificados del sismo del 7 de septiembre, que afectó fuertemente a Oaxaca y Chiapas.
Un anuncio por demás mañoso y oportunista, ya que desde un principio López Obrador sabía perfectamente que no puede hacer eso. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la misma Constitución General de la República prohíben utilizar el financiamiento público destinado a los partidos para fines distintos a los que están establecidos, y que son sus actividades ordinarias permanentes, así como las campañas políticas en búsqueda del voto popular.
Esto quiere decir que el financiamiento público de los partidos tiene fines legales establecidos y éstos no pueden ni deben disponer de esos recursos a su antojo. Hacerlo equivaldría a coaccionar el voto, lo cual es un delito electoral que incluso puede provocar la anulación de una elección. Por muy buena que fuera –o al menos, así aparentara serlo- la intención o la causa a la que se destinase el dinero.
Sin embargo, López Obrador midió muy bien –y alentó mejor, a través de sus operadores en redes sociales y medios de comunicación- el descontento social por el despilfarro de dinero público en partidos políticos y en campañas electorales, presentándose como una “víctima” de un sistema que se niega a perder sus privilegios, de los cuales también goza y ha aprovechado desde hace varios años.
Pero la jugada le salió tan bien y provocó tal reacción de enojo popular luego del último sismo, que ya obligó a que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, saliera a decir que busca junto con el INE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una salida legal para donar dinero de los partidos a los damnificados. Esto con el mero objetivo de quitarse de encima las críticas y el costo político, aunque también sabe que se trata de una propuesta oportunista.
Como al INE le han cargado el peso del descrédito público simplemente por aplicar la ley tal como la aprobaron los propios partidos políticos, incluso ya consideran buscar esa “salida” para aplicar una medida que sería políticamente correctísima, pero seguramente ilegal e inconstitucional.
Lo que al parecer nadie quiere mencionar es que ya existen mecanismos institucionales para destinar millonarias sumas de recursos públicos a las tareas de reconstrucción y apoyo a damnificados de desastres naturales, vía el Fondo de Nacional de Desastres Naturales y los programas especiales de asistencia que existen en las dependencias federales.
Si los partidos de verdad buscaran ayudar a las víctimas, lo que podrían hacer es incluir partidas especiales de apoyo en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, mismo que están por comenzar a discutir en el Congreso de la Unión y lo cual no sería ilegal, como sí lo es tomar dinero de las campañas para otro fin.
Y lo que ni de chiste quieren abordar es lo que resulta más que urgente: hay que reducir drásticamente el costo que para el país tiene el sistema de partidos políticos, empezando por sus prerrogativas, y para lo cual ya se presentó una iniciativa conocida como #SinVotoNoHayDinero, impulsada por el diputado local independiente del estado de Jalisco, Pedro Kumamoto.
Sólo que esta propuesta fue bloqueada en la Cámara de Diputados por partidos como Morena, el cual además ha emprendido, a través de sus corifeos, una campaña para desprestigiar a Kumamoto pues, él sí, presentó una propuesta coherente y que no viola la ley. Pero sí afecta los intereses y privilegios de quienes viven del dinero de la política, del que ahora quieren disponer como si fuera suyo.
Ante lo que estamos no es más que la demagogia del desastre. Tan miserable como repartir despensas con colores y logos partidistas en zonas de emergencia.
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