El daño que hace un mal funcionario es más dañino que la furia de la naturaleza. Lo sabemos en México y en particular en entidades donde se han padecido malos gobernadores. El caso más relevante es el de Veracruz, donde la ambición humana supera las fuerzas destructivas del viento y los movimientos telúricos.
Más allá de las fronteras de los estados damnificados y algunas veces dañados de manera irreversible en su economía, están los funcionarios públicos federales quienes, al igual que los ex gobernadores, gozan de una impunidad insultante. Que menosprecia la inteligencia de los mexicanos y le apuesta a su desmemoria.
El culpable del socavón del Paso Exprés, en Cuernavaca, sentado frente al presidente parecía no haberse dado por aludido a la hora en que Enrique Peña Nieto designó tareas a cada secretario de Estado, entre quienes se encuentra el propio Gerardo Ruiz Esparza, responsable de obras como donde ocurrió el accidente fatal del socavón.
Precisamente cuando los mexicanos exigían el despido de Ruiz Esparza, luego de ser señalado desde varios ángulos como el culpable de obras realizadas al vapor y con materiales de poca calidad y prácticamente sin supervisión de obra, llega el gran sismo que le salva de mayores críticas. Esto debido a que cualquier falla de aquí en adelante en las obras realizadas durante su gestión no serán su responsabilidad, sino que le adjudicarán su fragilidad al temblor ocurrió el jueves pasado por la noche.
Es decir que a pesar de que cada día un mayor número de mexicanos, cuya indignación había llegado al límite exigía su renuncia, Ruiz Esparza seguirá en el puesto hasta el final de sexenio por el simple hecho de ser amigo del presidente, pero también porque ya no hay accidente o derrumbe que sea su responsabilidad sino resultado del sismo.
Es decir, el sismo ocurrido el 8 de septiembre es el velo con el que cubrirán malos manejos en las obras de constructoras extranjeras, principalmente españolas, que entregaron obras deficientes y con grandes huecos administrativos, en complicidad con funcionarios mexicanos, principalmente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Recientemente la Secretaría dela Función Pública explicó que fueron objeto de auditoría cuatro contratos y los convenios modificatorios correspondientes, relacionados con la construcción y los servicios de la obra del Paso Express de Cuernavaca.
Se encontraron irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación, trabajos ejecutados sin comprobación documental, incumplimiento al programa de obra convenido, pagos en exceso, inadecuada planeación, programación y supervisión de la obra.
Empresas como OHL, Epccor, S. A. de C. V. y Aldesa, estas últimas encargadas de la construcción del Paso Exprés, y la brasileña Odebrecht, no sólo han incurrido en actos ilícitos, con propinas, diezmos, moches con los funcionarios de los tres niveles de gobierno, sino que han orillado a quebrar empresas constructoras mexicanas como lo es ICA, Ingenieros Civiles Asociados.
ICA no ha ganado proyectos de infraestructura en licitaciones que manera repentina les fueron otorgados a constructoras de otros países, lo que implica mayores gastos de operación que se compensan con menor calidad de materiales y nula supervisión de obra como sucedió con el Paso Exprés, que se pagaron millones de pesos por una supervisión de obra que nunca se realizó.
La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2010 irregularidades en los contratos otorgados a Odebrecht, pero no hubo investigación alguna de parte del gobierno de Felipe Calderón ni de su sucesor, Enrique Peña Nieto. Tampoco se promovieron acciones penales contra el consorcio brasileño. Al contrario, los contratos a su favor se multiplicaron.
Por otra parte, Juan Miguel Villar Mir, accionista mayoritario de la constructora española OHL, negó ante un juez de la Audiencia Nacional tener conocimiento de un soborno pagado en España con recursos de la filial de su compañía en México.
Ante esta realidad que nadie puede ocultar, el propio presidente de la república convocó a las empresas constructoras a regresarle a México un aparte de lo mucho que les ha dado el país contribuyendo a la reconstrucción de viviendas, escuelas, hospitales, en las zonas donde el sismo prácticamente desmoronó las localidades. Señaló: “Pero, al mismo tiempo, para el objetivo de lograr la reconstrucción, hoy estamos convocando también a empresas del sector privado, sobre todo, dedicadas a la construcción para que, en un gesto de solidaridad, puedan aportar también su experiencia, su trabajo y su capacidad técnica para poder acelerar la etapa de reconstrucción”.
Y añadió: “He dado indicaciones para que aquellas empresas constructoras que se quieran alistar, como solidarios en esta etapa, en este proceso de reconstrucción, puedan participar a través de la organización, que desde el Gobierno Federal estaremos haciendo”.
Se convoca a aquellas empresas que triangularon gastos a través de empresas fantasma con la anuencia de la SCT, también se está llamado a aquellas constructoras que tienen concesiones del peaje en las autopistas y alargan de por vida sus ganancias a través del aumento en las cuotas, mismas que incrementan sin aviso previo al usuario. Es decir, se les invita desde la Presidencia de la República a regresarle a los mexicanos un poco de lo que les robaron impunemente.
El ejemplo lo ha puesto la empresa IUSA, propiedad de Carlos Peralta, ganadora de licitaciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, para comprar miles de medidores de luz.
Ahora, dicha empresa anunció la donación de 100 viviendas para los damnificados por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas. Es decir, es hora de corresponder con legalidad y transparencia parte de los que obtuvieron a través de la ilegalidad y la corrupción. PEGA Y CORRE. – Para aquellos que pensaron que el proceso contra Javier Duarte estaba dormido o se había olvidado, el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, aseguró que el proceso en su contra sigue su curso. Aunque no se note… Esta columna se publica lunes, miércoles y viernes.
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