Sin duda los gobernadores requieren de un contrapeso en el ejercicio del poder. Los excesos en sus funciones, lo extremo de sus conductas exigen una figura jurídica que les impida robar. Y si logran burlar esa autoridad, es necesario que haya Congresos estatales dispuestos a servir a las leyes y no a su gobernador como si fuese su patrón.
Porque problemas como el narcotráfico en el país se han desarrollado rápida y eficientemente gracias a la complicidad de los gobernadores, y no sólo los que ahora vienen a nuestra memoria sino otros muchos que, desde el PRI y sus siglas anteriores, a principios del siglo pasado, permitieron la siembra, el trasiego, la venta y el consumo de drogas.
La fuerza de los gobernadores debe ser regulada no sólo en nombre de la democracia sino de la honestidad y de la salvaguarda de los dineros de las arcas de las diferentes entidades del país.
La lista de gobernadores con ilícitos comprobados es larga, pero no son todos: Javier Duarte (PRI), Veracruz; Roberto Borge (PRI), Quintana Roo; Rodrigo Medina (PRI), Nuevo León; César Duarte (PRI), Chihuahua; Jesús Reyna García (PRI), Michoacán; Andrés Garnier (PRI), Tabasco; Mario Villanueva PRI, Quintana Roo; Tomás Yarrington (PRI), Tamaulipas; Guillermo Padrés (PAN), Sonora; Luis A. Reynoso Femat (PAN), Aguascalientes; Jorge Torres López (PRI), Coahuila; Flavino Ríos (PRI), Veracruz; Eugenio Hernández, (PRI), Tamaulipas; Gabino Cué, (MC), Oaxaca; Fidel Herrera (PRI), Veracruz; Carlos Lozano de la Torre, (PRI), Aguascalientes; Rolando Zapata Bello, (PRI), Yucatán; Mariano González Zarur (PRI) Tlaxcala; Humberto Moreira (PRI), Coahuila, Eruviel Ávila (PRI), Estado de México, Mario Anguiano Moreno, (PRI), Colima; Roberto Sandoval, (PRI), Nayarit, etc.
Las cantidades expropiadas por voluntad propia impiden el desarrollo de las poblaciones, es dinero que tiene un destino que debe transformar la realidad de los habitantes; sin embargo, los gobernadores interceptan estos recursos destinados a obras y los colocan en sus bolsillos impidiendo salvar vidas, alcanzar la salud, cubrir necesidades de educación de niños y jóvenes, etc. No hay fuerza capaz de castigarlos de manera ejemplar, simplemente se les incauta algunas de las casas y terrenos mal habidos y alcanzan la libertad con una fianza inferior a la centésima parte de lo adjudicado a sus cuentas bancarias por ellos mismos.
Cancelar las pocas posibilidades de salud o de vida de sus paisanos debería ser un delito grave que se castigue severamente para que no haya más ilícitos similares. El dinero que los gobernadores se adjudican impide el crecimiento del país, de su propio entorno; sin embargo, esto no les importa, simplemente quieren aumentar su riqueza sin que haya nada ni nadie que se los impida.
Resulta fácil conocer a los gobernadores corruptos desde el inicio de sus campañas, se identifican por la falta de proyectos, porque no los conocen o no saben elaborarlos, su discurso se basa en la descalificación del contrario y no hay compromisos sólidos con sus simpatizantes, que muchas veces se reducen a grupo de acarreados que lo mismo apoyan a un candidato que a otro, a un partido que a cualquier otro.
Por poner un ejemplo, Roberto Borge Angulo, ex Gobernador de Quintana Roo (2011-2016), es señalado por un daño patrimonial al estado por más de 2 mil millones de pesos.
De acuerdo con el coordinador del Eje de Finanzas y Contraloría, Juan Vergara Fernández, el gobierno de Borge no ingresó mil 928 millones a los fideicomisos de promoción turística del Estado. Además, el empresario Carlos Mimenza lo demandó ante la PGR por un supuesto desvío de 200 millones de pesos a través de 26 empresas fantasma.
Ya hemos dado cuenta en este espacio de los ilícitos de Javier duarte y pareciera que la justicia mexicana simplemente descansa en una larga pausa que le permite al ex gobernador convertirse en una víctima en lugar de ser el gran saqueador de su entidad.
Javier Duarte, es señalado por delincuencia organizada y desvío de recursos.
La ASF presentó 54 denuncias penales ante la PGR por irregularidades en el manejo del dinero público en su administración en Veracruz (2010-2016). Documentó un manejo irregular de 35 mil millones de pesos y durante su audiencia en Guatemala se le señaló de manejar una red de corrupción.
Rodrigo Medina de la Cruz, ex Gobernador de Nuevo León (2009-2015), estuvo en prisión preventiva en el penal de Topo Chico, en Monterrey, es otro ejemplo de impunidad que impide el desarrollo de su entidad con el desvío de fondos. Fue acusado por peculado y daño patrimonial al erario por 3 mil 567 millones 967 mil 469 pesos por incentivos ilegales y exención de impuestos a la automotriz coreana KIA, la cual estableció una planta en el municipio de Pesquería.
El priista salió libre en menos de un día porque el juez consideró que no había riesgo de fuga, ya que se había presentado a comparecer con anterioridad. Los delitos que se le imputan merecen penas de uno a 12 años de prisión. Medina, no obstante, aseguró que no ha cometido ninguno y acusó el daño a su imagen.
En el caso del priista, gobernador aún del Estado de México, Eruviel Ávila, según el Informe General de la Cuenta Pública 2015 de la ASF, expuso que su Gobierno debe rendir cuentas y aclarar el desvío de 3 mil 603 millones de pesos que recibió a través de fondos y programas federales durante 2015. De 20 observaciones, sólo aclaró tres.
La figura del gobernador exige de un contrapeso real. Su actuación, que ha derivado en llevarse dinero a los bolsillos a manos llenas, no puede segur en México llevándose a cabo como una tradición, una costumbre o una religión. Aquí el problema radica en que lo mismo sucede con presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores y toda la pirámide de un poder que otorga la impunidad a sus miembros. PEGA Y CORRE. – Integrantes de la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE en el estado de Veracruz, volvieron a salir a la calle y advirtieron que se plantarán en la Secretaría de Educación y el jueves en la Secretaría de Finanzas y Planeación y realizarán una marcha al centro de Xalapa hasta que les paguen. Señalan que por tercera vez consecutiva han abusado de su buena fe, sobre el pago de todos los adeudos. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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