La procuración de justicia y la seguridad pública son hoy, tal vez como nunca antes, los temas que más preocupan a los ciudadanos. En los meses recientes hemos presenciado una explosión delictiva sin precedentes en Veracruz.
La delincuencia organizada ha lanzado un reto de proporciones mayúsculas al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien en campaña se ufanaba de ser experto en la materia y que en seis meses devolvería a los veracruzanos la tranquilidad y seguridad perdidas tras el paso de los infaustos sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte, pero para desgracia de las familias ello no ha sido así.
Hoy, a ocho meses del inicio del mal llamado gobierno del cambio, las ejecuciones, levantones, extorsiones, secuestros, balaceras, enfrentamientos entre grupos criminales y con efectivos de seguridad estatal o federal dominan el paisaje de nuestra entidad.
La sociedad vive con miedo y observa impotente la incapacidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la poca efectividad de los operativos conjuntos con fuerzas castrenses para frenar la sangría. No hay día en que no nos enteremos de hechos violentos, de desapariciones y que se siga elevando la cuenta de crímenes y robos. Ya la organización de grupos de vecinos para patrullar sus colonias y organizarse como vigilantes o autodefensas lo dice todo. La delincuencia rebasó a las autoridades.
Si bien es cierto que el actual gobierno heredó gravísimos problemas de inseguridad por las complicidades de las administraciones anteriores con bandas de criminales, no menos cierto es que el gobierno de Yunes Linares ha sido incapaz de hacer frente a la situación que ha llegado ya a niveles intolerables y no se ve cómo frenarán la ola de violencia que siega vidas y lastima gravemente la convivencia social. Estamos frente al mayor desafío que la delincuencia organizada y aun la delincuencia común habían planteado nunca a un gobierno.
Pero poco se puede hacer cuando algunas autoridades, los organismos de seguridad y los elementos encargados de combatir a los delincuentes están al servicio de quienes supuestamente persiguen. Es la corrupción que todo corroe y echa por la borda los esfuerzos y las demandas para hacer efectivo el Estado de Derecho.
La amenazante espiral de violencia que observamos debería ser la oportunidad para replantear la estrategia y el enfoque para combatir al crimen organizado, que nos permita sobre todo transformar la visión imperante en el imaginario colectivo, especialmente de los estratos de menores ingresos, de que la actividad del narcotráfico, si bien implica una vida de sobresaltos y clandestinidad, se compensa ampliamente con el poder y riqueza que genera, por lo que muchos jóvenes suponen – estimulados por la aureola de “prestigio” de los santones del narco- que bien vale la pena correr el riesgo ante la falta de oportunidades. Y vaya que en Veracruz se ha cancelado el futuro de muchos jóvenes con la postración económica de la entidad producto del saqueo de Duarte y sus cómplices, pero también por la falta de rumbo de este gobierno, ocupado única y exclusivamente en los temas electorales, en las alianzas y componendas para asegurar el proyecto sucesorio del mandatario y la continuación de la familia en el poder.
Bajo esa óptica, la lucha requiere abrir los frentes en varias direcciones que vayan más allá de las acciones meramente policíacas y militares Por ello es vital que a la par de tomar las medidas emergentes para contener la violencia y continuar la lucha contra el crimen, se den pasos efectivos en el fortalecimiento de nuestra economía para ofrecer alternativas reales de empleo e ingreso y se “desnarcotice” la actividad económica de muchas regiones.
Se debe poner, aemás, un dique a la penetración del narcotráfico en la actividad política, en las campañas y en las finanzas de los partidos. Urge fortalecer las facultades de fiscalización de los órganos electorales y se obligue a las organizaciones políticas y sus candidatos a informar puntualmente sobre las fuentes del financiamiento privado a sus campañas internas y al proselitismo que realizan en épocas electorales, para evitar que sirvan como vehículos para el lavado de dinero y, lo peor, para generar compromisos con quienes llegan al poder financiados por grupos delincuenciales. Véase si no, los casos de los ex gobernadores de triste memoria que abrieron la puerta de Veracruz al crimen organizado.
Pero sobre todo, es fundamental que se castigue a quienes delinquen, sin excepciones, porque la impunidad genera más y mayores conductas antisociales. La justicia no puede ser selectiva, como observamos en Veracruz a propósito del caso del ex gobernador Javier Duarte sujeto a proceso penal por lavado de dinero y delincuencia organizada. Cuando en las imputaciones que le hace la Procuraduría General de la República se mencionan en el expediente a ex funcionarios del duartismo hoy tan felices y campantes como diputados locales, sin que la Fiscalía General del Estado o el propio gobernador digan esta boca es mía, algo anda mal. O hubo acuerdos en lo oscurito para no molestarlos, al igual que a otros tantos ex funcionarios y diputados federales del círculo duartista, previa entrega de bienes y efectivo, o se les acogió como operadores electorales para los fines del gobernante y los suyos. París bien vale una misa.
En ese escenario, se ve lejano que se doblegue a la delincuencia. La seguridad ciudadana no es la prioridad de este gobierno. Lo suyo es lo electoral.
Ya que el ciudadano organice sus comités de defensa, que se encomiende a Dios y que se prepare para votar en el 2018 por el junior. Es la prioridad en este momento en Veracruz.