Por Francisco Berlín Valenzuela*

Ante los múltiples vicios e irregularidades que han afectado al reciente proceso electoral celebrado el 4 de junio, numerosas instituciones políticas y académicas, partidos y ciudadanos, han considerado que se ha producido un retroceso en el avance democrático que se había logrado en nuestro país.
Ciertamente el papel que han jugado los organismos electorales, los partidos políticos y algunas instituciones gubernamentales han dejado mucho que desear, al percibir los ciudadanos que no se estuvo a la altura que se suponía habían alcanzado ya las elecciones en México.
Cuando escribí el libro Derecho Electoral, partí de la idea de que esta materia tenía que ser analizada como el instrumento normativo de la democracia y que su contenido en general debía encausarse a robustecerla y perfeccionarla. Con este supuesto traté en cada uno de sus capítulos de sentar las bases de lo que vislumbraba era un camino idóneo para que la ciudadanía aceptara tener una mayor participación en las elecciones para lograr un avance considerable.
Concebía al organismo rector de las elecciones como un ente caracterizado por la independencia y autonomía suficientes para la realización de sus trascendentes tareas.
A la distancia de más de 35 años el organismo rector de los procesos electorales convertido ya en el Instituto Nacional Electoral está evidenciando con los resultados de estos últimos comicios que sigue teniendo los mismos vicios de su antecesora la Comisión Federal Electoral –de la cual alguna vez forme parte-, época en la cual actuaba como un organismo dependiente del gobierno, dado que el Secretario de Gobernación ejercía las funciones de presidente y era el que tenía a su cargo el liderazgo de esta comisión.
Desde hace mucho tiempo he sostenido que el ahora Instituto Nacional Electoral, -mal llamado órgano ciudadanizado- dentro del proceso, constituye una falacia de la democracia mexicana, debido a que es falso que los ciudadanos participen en su integración. Ya hemos afirmado en otras publicaciones, que son los partidos políticos, representados en la cámara de diputados, los que después de múltiples negociaciones se convierten en los hacedores de la decisión final para su integración. Nos preguntamos entonces en dónde está la libertad y la independencia para su actuación si sus miembros se ven constreñidos a resolver los diversos problemas que confrontarán, de acuerdo a los intereses políticos partidistas y a la determinación de intereses gubernamentales que prevalecen en las luchas por el poder político.
La forma en que se condujo la elección en el Estado de México y en Coahuila fundamentalmente, han puesto de manifiesto la negligente e interesada omisión del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Locales Electorales, quienes permitieron quebrantamientos al por mayor a las leyes electorales, al no percatarse de los actos anticipados de campaña, de los aspirantes a la gubernatura en general, así como de los numerosos vicios e irregularidades que se dieron a granel, durante el desarrollo de los procesos electorales sin que ninguno de los consejeros locales y federales intervinieran para evitar los actos al margen de la ley, que estaban cometiendo candidatos y partidos en su afán desenfrenado por obtener a como diera lugar la victoria electoral.
Esta situación ha originado que en el imaginario colectivo, como diría Edgar Morín, al conceptualizar los símbolos y mitos que se producen en la sociedad, persista la convicción de que los organismos rectores del proceso electoral federales y locales, celebrado el pasado 4 de junio, muy lejos estuvieron de cumplir con una de sus misiones esenciales como es la de lograr la credibilidad y confianza de las elecciones en México.
El anterior aserto encuentra su respaldo en las múltiples críticas que diversos sectores de la población han venido haciendo en los últimos días para referirse a la pobre actuación que tuvieron antes, durante y después de la jornada electoral los consejeros electorales, que no supieron dimensionar los efectos negativos que causarían con su actuación. Interesante resulta conocer la encuesta nacional telefónica realizada con un alto nivel de confianza del 95%, del 16 al 18 de junio, por el Grupo REFORMA en el que entre otros puntos evalúa el comportamiento de los organismos electorales con los siguientes resultados: el INE obtiene una calificación de bueno/muy bueno de 35%, regular 23% y MALO/MUY MALO 40%; en cambio los institutos locales del Estado de México, Coahuila y Nayarit fueron calificados así: muy bueno/bueno 23%; regular 26% y MALO/MUY MALO 48%.
Muy elocuente resulta la respuesta de los 500 ciudadanos adultos encuestados a la pregunta de que en comparación con el anterior Instituto Federal Electoral (IFE) ¿Cómo pensaban que había sido el desempeño del INE en las elecciones federales?, los cuales contestaron en la siguiente proporción: 26% MEJOR; 38% PEOR y, 32% IGUAL.
Posiblemente los funcionarios electorales tanto federales como locales aún no se han dado cuenta del grave daño que causaron a la endeble democracia de nuestro país, al retrotraer los procesos electorales a los años de la década de los 80, en la que los innumerables vicios causaron el descrédito y la desconfianza sobre su realización.
Para el presidente del INE Lorenzo Córdova y los consejeros electorales, así como para los funcionarios nombrados a modo en las entidades federativas para servir a los intereses electorales de los gobiernos locales, será muy difícil eliminar la pésima impresión que han dejado en los miembros del cuerpo electoral, por las lamentables y pobres actuaciones que han tenido en el desempeño de sus tareas.
Deseo fervientemente que el Tribunal Federal Electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sepa estar a la altura de sus responsabilidades y compromisos con la democracia, para no seguir incrementando la desconfianza que lamentablemente nos han dejado estas elecciones del 2017.
No olviden los miembros de este Tribunal que de su actuación depende que el prestigio de la democracia mexicana recobre parte de la credibilidad perdida.

*Analista Político. Autor de libros sobre Derecho Electoral y Derecho Parlamentario. Catedrático Universitario. Profesor – Investigador- Emérito del Colegio de Veracruz. Ex Secretario de Gobierno de Veracruz y ex Diputado Federal. Fundador del Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos, A.C.