Rúbrica

Por Aurelio Contreras Moreno

De manera sorpresiva, este jueves 18 de mayo fue detenido en el puerto de Veracruz el dirigente del Sindicato de Trabajadores de Tenaris-Tamsa, Pascual Lagunes Ochoa.

El líder sindical está acusado de los delitos de lesiones, homicidio y ¡terrorismo!, por los hechos violentos suscitados la madrugada del pasado 24 de marzo afuera de las instalaciones sindicales entre sus seguidores y sus antagonistas, enfrentamiento que dejó un saldo de dos muertos y varios heridos, entre estos últimos el reportero del diario Imagen de Veracruz, Israel Hernández, quien realizaba la cobertura periodística.

Durante décadas y al más puro estilo de las viejas guardias gremiales de México, Pascual Lagunes ha ejercido un férreo dominio del sindicato de la empresa industrial privada más importante del estado de Veracruz, controlando y administrando cinco mil plazas laborales, lo que le valió acumular un gran poder político y recibir el favor de los gobernantes veracruzanos desde hace casi 30 años, siempre cobijado por el Partido Revolucionario Institucional.

Su detención por parte de la Policía Ministerial del Estado provocó una situación de alta tensión en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Sus simpatizantes, encabezados por su hermano Gonzalo Lagunes, amenazaron con parar la planta de Tenaris-Tamsa y hasta el momento de escribir estas líneas, había riesgo de más violencia.

También hubo reacciones por el lado político. En su cuenta de Twitter, el senador y ex candidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, acusó una “detención selectiva de priistas” por parte del gobierno estatal en medio del proceso electoral, así como el riesgo de que la administración que encabeza su primo hermano Miguel Ángel Yunes Linares convierta a Veracruz “en un estado policiaco, que persigue solo a líderes y trabajadores, pero es incapaz de frenar a la verdadera delincuencia”.

Sin hacer alusión directa a la aprehensión del dirigente sindical, el gobernador Yunes Linares emitió un comunicado en el que señaló que “Veracruz padeció largos años gobiernos que no aplicaban la ley porque los propios gobernantes la violaban. Cuando tomé posesión me comprometí a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y lo estoy haciendo”.

Añadió que “la aplicación de la ley no puede admitir excepciones; igual está obligado el gobernador que cualquier ciudadano, sea cual sea la tarea que desempeñe. La estabilidad social no se logra dejando que se violenten las normas y volteando hacia otro lado para no advertirlo. Para que Veracruz salga de la crisis se requiere certidumbre jurídica. Lo vamos a lograr”.

Y remató, fiel a su estilo: “no aceptaré presión ni amenaza alguna. Soy hombre de valor, convicciones y principios y así seguiré actuando”.

Sin embargo, y a pesar de sus dichos, la aplicación de la ley sí ha sido selectiva y ha admitido excepciones en lo que va de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, que está próxima a cumplir sus primeros seis meses. Como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones en este mismo espacio, varios de los integrantes de la pandilla duartista-fidelista que devastaron a Veracruz andan tan campantes, sin que en su contra exista denuncia ni averiguación alguna. Uno de ellos hasta se va a casar y ya mandó correr las amonestaciones para su enlace religioso el próximo 19 de agosto, en la Catedral de Tuxpan.

¿De verdad se acabó la impunidad en Veracruz, como dice el gobernador? ¿O como siempre, los políticos sólo nos dan “atolito con el dedo” en época electoral?

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