De Interés Público
Emilio Cárdenas Escobosa
La tragedia de Veracruz
El pasado 28 de febrero la organización International Crisis Group (ICG), una prestigiada ONG, fundada en 1995, con sedes en Bruselas, Washington, D.C., Nueva York y Londres, y que tiene como objetivo coadyuvar en la resolución y prevención de conflictos armados internacionales, presentó un informe sobre la crisis de seguridad e impunidad que vive Veracruz.
El documento titulado “Veracruz: reformar el estado de terror mexicano” constituye una visión abrumadora de la tragedia sufrida por nuestro estado durante los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, donde la explosión delictiva, la corrupción, la impunidad y la obstrucción de la justicia fueron la constante de un régimen en el que las “interconexiones políticas y criminales” marcaron la ruta de la debacle y la postración que agobia hoy a la entidad.
Hasta dónde han llegado las cosas en nuestro estado que una organización internacional reconocida como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados y situaciones de crisis, a gobiernos e instituciones intergubernamentales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y el Banco Mundial, haya dedicado un apartado especial a la entidad en su Informe sobre América Latina N°61
De acuerdo con este reporte, que no ha merecido comentarios por parte de la administración estatal o la difusión que se supondría, Veracruz no ha sufrido solamente una ola de asesinatos y desapariciones sin precedentes, sino que “ha sido gobernada con la intención de ocultar o negar estos crímenes, y de asegurar que los culpables tengan rienda suelta”, como dice el documento.
La ICG en este trabajo, producto de una serie de investigaciones y entrevistas llevadas a cabo entre octubre y diciembre de 2016 en la Ciudad de México y en las ciudades de Xalapa, Veracruz y Córdoba a periodistas, activistas, funcionarios y ex funcionarios estatales, hace no solo un crudo diagnóstico de la situación de inseguridad y del tema de los desaparecidos, la guerra contra la transparencia, los escandalosos casos de abuso de poder y corrupción del sexenio anterior por todos conocidos, sino que detalla testimonios y casos que revelan la forma en que el crimen organizado en Veracruz pasó del narcotráfico a actividades delictivas como la extorsión, el secuestro, el tráfico de personas, el robo de combustible, entre otros delitos, que en buena parte de los casos se cometieron bajo la protección de las autoridades.
En el documento publicado este martes el ICG hace varias recomendaciones al gobierno de Veracruz, a la administración de Enrique Peña Nieto, a la Organización de Estados Americanos, a la ONU y al gobierno de Estados Unidos para “romper el ciclo de violencia, impunidad y complicidad entre el estado y los grupos criminales, y restaurar la confianza en el estado como garante del orden fundamental y los derechos”, todo ello con el objetivo último, dice el documento, que Veracruz salga “del silencio y el terror”.
Para esto urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a apoyar la búsqueda e identificación de los desaparecidos en el estado con personal capacitado, y ofrecerles apoyo institucional y recursos financieros de inmediato, así como como evitar que Veracruz caiga en bancarrota para no agravar conflictos locales a corto plazo.
En sus recomendaciones al actual gobierno veracruzano apunta que debe iniciar la remoción de funcionarios corruptos y cómplices del crimen de las instituciones estatales, en particular de la policía estatal y la Fiscalía General, así como el enjuiciamiento de los burócratas de alto nivel acusados de vínculos con el crimen organizado y de participar en delitos graves.
La organización no gubernamental reconoce la existencia de una Comisión de la Verdad de Veracruz, creada en noviembre de 2016, para establecer las causas y responsabilidades de las atrocidades criminales del estado a la par que pide al gobierno estatal una mayor colaboración con la federación así como admitir e investigar la participación del estado en crímenes de lesa humanidad.
A medida que avanzan los esfuerzos para enjuiciar a las figuras emblemáticas del aparato estatal criminalizado de Veracruz, dice el informe, es fundamental recordar que las atrocidades del estado no son ninguna anomalía en México. La historia reciente de Veracruz, los espantosos detalles que están comenzando a salir a la luz, subrayan la crisis no de una administración estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha sido corrompida por el crimen organizado.
Documento de lectura recomendable, el informe de ICG pone el acento en que una de las vías que deben transitarse para revertir el agobiante estado de cosas es que los gobiernos estatal y federal cumplan sus promesas de trabajar en alianza para contener la corrupción, y, de manera especial, que renuncien a las ventajas políticas y electorales a corto plazo, lo que se antoja imposible cuando estamos inmersos en la lucha sin cuartel por la elección de ayuntamientos el próximo mes de junio y la sucesión local y federal del próximo año, donde son justamente el cálculo político y la rentabilidad electoral los que dominan la agenda, las estrategias y prioridades de los gobernantes.
Lo que es un hecho es que la ola delictiva, las desapariciones, secuestros y ejecuciones van en aumento, con todo y operativos de fuerzas federales y locales, mientras los causantes del quebranto financiero y moral de Veracruz y sus cómplices siguen tan campantes.
Crimen que no se castiga, se repite.
