SILVIA SUSANA JÁCOME Del VIH y los derechos de las mujeres

Por: Silvia Susana Jácome G.

Ya se sabía del escandaloso saqueo que el ex gobernador Javier Duarte hizo a las arcas del estado de Veracruz, sin importar que las víctimas fueran personas de la tercera edad o instituciones como la Universidad Veracruzana.

Las acusaciones se quedaron cortas con lo que divulgó el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, en el sentido de que en la administración duartista se le dio agua destilada en vez de quimioterapias a un número indeterminado de niñas y niños con cáncer. Y en una revelación no menos aterradora trascendió que en 2014 se utilizaron 75 mil pruebas falsas para la detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que, en todos los casos, presentaron resultados no reactivos (negativos).

Como sexóloga, he tenido la oportunidad de participar en programas de detección oportuna del VIH y puedo afirmar que, en promedio, tres de cada cien pruebas dan un resultado Reactivo, es decir, que existe suficiente evidencia para suponer que la persona vive con el virus. El procedimiento, entonces, es derivar a la persona a los centros especializados de salud para que se confirme –o no- el diagnóstico y en caso de ser así se le suministre el tratamiento adecuado.

Hoy en día, aun y cuando todavía no es posible erradicar el virus, sí es factible que la persona con VIH lleve una vida de calidad si se apega al tratamiento, lleve una buena alimentación y haga ejercicio con regularidad. De ahí la importancia de la detección oportuna, que si se realiza antes de que se presenten los síntomas –en ese caso ya estaríamos hablando de sida- es posible evitar la presencia de enfermedades oportunistas que en muchos de los casos terminan con la vida de la persona.

Decíamos que, en promedio, tres de cada cien personas obtienen un resultado Reactivo. A nivel general, la prevalencia del VIH es de tres de cada mil. ¿Por qué la diferencia? Por una razón muy simple, muchas de las personas que acuden a realizarse la prueba saben que tuvieron prácticas de riesgo, ya sea que tuvieron relaciones sexuales sin condón, se inyectaron con agujas contaminadas, se cortaron y su sangre entró en contacto con la sangre de otra persona, o muchas más. De ahí que la prevalencia de resultados reactivos en estos casos sea mucho más alta que en el promedio nacional.

Pero volvamos a las 75 mil pruebas falsas que, en todos los casos, dieron resultados no reactivos (negativos). Si nos apegamos al promedio de tres por cada cien, significa que 2 mil 250 personas que habrían salido reactivas no lo saben. Esas 2 mil 250 personas recibieron el resultado no reactivo y se fueron muy tranquilas a su casa, sin saber que existen altas probabilidades de que tengan el virus. Si evitan prácticas de riesgo, es probable que nunca más vuelvan a someterse a una prueba de detección del VIH. ¿Qué va a pasar? Que dentro de algunos años empezarán a mostrar síntomas y quizá sea muy tarde para que puedan someterse a un tratamiento que les impide adquirir el sida; será demasiado tarde. ¿Nos damos cuenta de la magnitud de lo que significa el robo del dinero destinado a 75 mil pruebas de detección?

Sí, es grave que dejen a una persona jubilada sin su pensión; es reprobable quitarle el presupuesto a una universidad pública; pero quitarle a más de 2 mil personas la posibilidad de llevar una vida saludable es un crimen de lesa humanidad.

Estamos a tiempo de evitar que la tragedia alcance tales proporciones. El actual gobierno deberá emprender una enorme campaña y difundir por todos los medios a su alcance que las personas que en el 2014 se sometieron a una prueba de detección del VIH en el estado de Veracruz deberán practicársela nuevamente. Y a aquellas personas que lo hicieron y ya adquirieron el sida, se les deberá indemnizar generosamente. Cierto, el daño que les provocaron es irreversible, pero al menos se les tendría que compensar –así sea mínimamente- de alguna manera.

 

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Y ya que estamos en el tema, no quisiera dejar de comentar una información que recientemente dio a conocer la activista Jazziel Bustamante, de la organización Soy Humano, A.C. del puerto de Veracruz.

En su cuenta de Facebook relata el caso de una mujer transgénero que vive con VIH y a quien se le despidió de su trabajo y se le negó la atención médica en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. Finalmente fue atendida en el Capasits y fue dada de alta con un diagnóstico de pulmonía y tuberculosis; requería de atención, por lo que se buscó un albergue ya que también había sido expulsada de casa por su familia al saber su condición de VIH. Gracias al apoyo de Belem Palmeros –directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Veracruz- fue trasladada a un albergue que manejan las Misioneras de la Caridad. Pero no la aceptaron con el argumento de que la paciente es una mujer trans. Desde su ignorancia argumentaron que es un hombre y que ellas sólo admiten mujeres.

Un caso emblemático de muchas de las cosas que ocurren en la entidad. Primero, la doble discriminación que sufren las personas por vivir con VIH y por ser transgénero. Negarle los servicios de salud es un flagrante acto de discriminación. Y negarle –en el caso del albergue de las religiosas- el acceso por no reconocerle su condición de mujer, es otro caso grave de discriminación que no solamente atenta contra su dignidad sino que pone en riesgo su vida.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que intervenir en este caso. Y, por otra parte, las autoridades estatales tendrían que contar con albergues propios y no depender de la “buena voluntad” de órdenes religiosas para atender situaciones como estas.

Como sociedad tenemos unos 35 años conviviendo con el VIH y siglos conviviendo con lo que ahora conocemos como transexualidad. Ya va siendo hora que dejemos estigmas y prejuicios a un lado y nos ocupemos de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.

 

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Y hablando de discriminación, preocupa lo que está ocurriendo en el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Tras la llegada de la nueva administración fueron despedidas mujeres que tenían muchos años laborando para el Instituto de manera muy profesional y comprometida, lo que buena parte de la población ha tomado como un reflejo del escaso interés que el gobernador Yunes Linares ha puesto en el tema de la perspectiva de género.

Preocupa, también, que aún no se haya designado a la nueva titular. Por tal motivo, grupos feministas de la entidad enviaron una carta al Jefe del Ejecutivo estatal urgiéndolo a que nombre, ya, a la nueva directora y le recuerdan que el nombramiento deberá surgir de una terna propuesta por los consejos Consultivo y Social.

Subrayan que para ser titular de la Dirección del Instituto Veracruzano de las Mujeres se requiere contar con experiencia en equidad de género o en las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional, internacional; y le solicitan que el gobierno a su cargo cumpla con las acciones que le corresponden para responder a la alerta de violencia de género, previendo el otorgamiento de presupuesto y los recursos humanos y materiales necesarios para ello.

Sabemos que Yunes Linares no es precisamente un aliado de la causa de las mujeres, y menos viniendo de un partido que tampoco se caracteriza por atender el tema. Pero hemos de recordarle que como gobernador está obligado a cumplir con las acciones emanadas de la alerta de violencia de género –le gusta o no- y que, en todo caso, proviene de una coalición en donde Acción Nacional se vinculó con el Partido de la Revolución Democrática que sí contempla el tema de la perspectiva de género. Sería bueno que lo recuerde o, si no, que la propia dirigencia del Sol Azteca le haga saber que sus colores –y hemos de suponer que sus principios- también lo llevaron a Palacio de Gobierno. Comentarios a: silviasusanajacome@outlook.com